El presidente Iván Duque arrancó la jornada de ayer objetando un artículo de la Ley del Presupuesto que podría generarles detrimento de recursos a las universidades públicas

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Por considerar que el artículo 44 de la Ley del Presupuesto General de la Nación 2020 se puede prestar para interpretaciones erróneas, que generarían detrimento de recursos para la inversión y el funcionamiento de las universidades públicas del país, el presidente Iván Duque objetó este aparte de la mencionada norma, la cual deberá ser revisada por el Congreso.

Con ello, cumple el compromiso adquirido por el Gobierno en las discusiones del Presupuesto el 16 de octubre en el recinto del Congreso, y el 9 de noviembre en el taller Construyendo País, en Barichara, Santander.

En una comunicación dirigida a los presidentes de Senado, Lidio García (Partido Liberal), y de la Cámara, Carlos Cuenca (Cambio Radical), el Jefe de Estado recordó que las objeciones al artículo 44 de la Ley de Presupuesto se hacen dentro de los términos establecidos por la Constitución y la ley, y recuerda que como el trámite de la iniciativa se inició en la Cámara, será la plenaria de esta corporación la encargada de analizar las observaciones a este aparte de la legislación.

El artículo objetado por Duque establece: “En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las universidades estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de esta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992”.

En este sentido, en la comunicación remitida por el Mandatario a las mesas directivas de Senado y Cámara, Duque aseguró que “en criterio del Gobierno nacional, el artículo transcrito es inconveniente, toda vez que su redacción resulta imprecisa. Esto ha dificultado el correcto entendimiento de la intención del legislador”.

Por esta razón, el Gobierno consideró que la norma puede generar diversas interpretaciones en su aplicación, ya que “un entendimiento correcto de la medida sugiere que esta tiene como propósito que las universidades públicas, al igual que todas las entidades estatales que tienen a su cargo la administración de recursos públicos, sean las encargadas de atender los fallos y sentencias proferidas en su contra, y realizar la apropiación presupuestal correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011”.

“Para tal efecto, los recursos para el pago de los mencionados fallos son asignados por el Presupuesto General de la Nación”, advirtió la comunicación.

De la misma manera, el Ejecutivo dejó claro que el artículo 44 puede dar lugar a otra interpretación, en el sentido de que “la norma en cuestión determina que los recursos asignados al funcionamiento e inversión de las universidades estatales sean destinados para el pago de sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación”.

De hecho, el Gobierno consideró que esta segunda interpretación “no consulta el espíritu de la norma, ni la intención que tuvo el Gobierno nacional para incluirla en el proyecto de ley sometido a consideración del Congreso”.

Recordó, además, que “el sentido normativo del artículo 44 del proyecto de ley 077 de 2019, Cámara-059 de 2019, Senado, ha sido reproducido idénticamente desde el año 2000 en más de 15 leyes anuales de presupuesto, el Gobierno nacional estima pertinente objetar por inconveniencia el precitado artículo”.

Sustento legal

Para sustentar la decisión de objetar este aparte de la ley, el Gobierno señaló “que una interpretación que sugiera que los recursos del Presupuesto General de la Nación puedan ser destinados al pago de sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación no solamente resulta contraria a los compromisos del Gobierno nacional en materia de educación, sino también a los principios de planeación y especialización que rigen la formación del Presupuesto General de la Nación”.

Adicionalmente, reiteró que para el Gobierno nacional “la educación es la herramienta más poderosa para promover la movilidad social y la construcción de equidad. En este contexto uno de los objetivos de este Gobierno consiste en brindar más oportunidades de acceso a una educación de calidad y fortalecer la educación pública, a través de la destinación de nuevos recursos para inversión y funcionamiento”.

“Por tal razón, precisamente, se realizó la asignación más grande para la educación en la historia del país, al pasar de un presupuesto de $38,5 billones en 2018 a $44,1 billones en 2020”, anotó la comunicación.

En consecuencia, el Gobierno aclaró que “durante el proceso de elaboración, presentación y aprobación del PGN para 2020 nunca se planteó por parte del Gobierno nacional el uso de los recursos asignados a las universidades estatales para el pago de sentencias proferidas en contra de la Nación. Esta no es, ni ha sido en el pasado, la interpretación que se le ha dado al sentido normativo de la disposición cuya objeción se plantea”.

Diálogo con todos

La Federación Colombiana de Municipios manifestó ayer, en nombre de los alcaldes y alcaldesas del país, su apoyo al Gobierno nacional, en cabeza del presidente Duque en la realización de la “Conversación Nacional” e invitó a todos los colombianos a participar activamente en este diálogo porque “es nuestra oportunidad de unir voluntades en aras de la construcción de una mejor sociedad”.

Para la Federación, sostuvo su director ejecutivo Gilberto Toro, “es importante que estos diálogos se realicen no solo en la capital, sino que se realicen de manera descentralizada, en las regiones; invitamos a los mandatarios locales, actuales y electos a que convoque y acompañen a sus comunidades para que la conversación sea viable y constructiva hay que hacerla entre parámetros posibles”.

La Federación, anotó, “será parte de la construcción de este nuevo tejido social que fortalezca el país”.

“Es necesario que todos los colombianos participen de esta conversación, si no se puede de manera directa, que sea a través de los diversos canales dispuestos; no debe quedar ninguna voz sin ser escuchada” agregó.

10 días de protestas

Colombia cumple hoy 10 días de protestas que arrancaron el 21 de noviembre con el paro cívico nacional.

La lista de peticiones que dio a conocer el Comité Nacional de Paro tiene 13 puntos que abarcan temas muy variados: desde la lucha contra la corrupción hasta las necesidades del sector agropecuario. Desde la protección de los páramos hasta el rechazo a la privatización de bienes estatales. Los estudiantes exigen más financiación para las universidades públicas, los movimientos de mujeres piden aborto libre y los líderes sociales, afro e indígenas demandan que se detenga la violencia en su contra.

Los manifestantes también rechazan la Ley de Crecimiento Económico, que en esencia es una reforma tributaria. De hecho, el documento hace parte de lo que los convocantes a la protesta llaman “el paquetazo de Duque”, el cual desató las manifestaciones y sigue estando en el centro de la discusión.

Las respuestas del Gobierno “son ambiguas y no aluden a los problemas que hemos planteado”, le dijo a la Agencia Anadolu José Cárdenas, secretario general del Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees) y miembro del Comité Nacional de Paro.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), sostuvo que “en ninguna parte sobre las formulaciones que se hicieron sobre las motivaciones de este paro existió jamás que le estuviéramos pidiendo al Gobierno rebajas de IVA”, anotando que “es un engaño terrible el que está planteando el Gobierno”.

El Comité Nacional de Paro convocó a un nuevo cese de actividades el próximo 4 de diciembre y dio a conocer una agenda de movilizaciones sociales hasta el 10 de diciembre.

Según estudios adelantados por Fenalco, desde el inicio de las manifestaciones, el 21 de noviembre, la actividad comercial en todo el país se ha reducido al 40%.

Para el inicio de la temporada de diciembre, la preocupación también se toma los balances de los comerciantes. En promedio, desde los últimos cinco años, las ventas por cuenta de la navidad se incrementan en un 30%. El presidente de Fenalco Nacional, Jaime Alberto Cabal, aseguró que la situación podría empeorar de continuar el denominado paro. “Si el paro se sigue alargando el efecto comenzará a verse a través de una cadena del sector productivo, en la medida en que haya desabastecimiento”, expresó.

El último informe presentado por la Alcaldía Mayor de Bogotá evidencia que el sistema de transporte masivo de la capital se ha visto afectado, reporta daños en 101 estaciones de 138, siendo habilitadas en tiempo record 50.

El vandalismo también dejó fuera de circulación a 156 buses zonales y 13 conocidos como alimentadores.