La apertura un proceso de responsabilidad fiscal por un detrimento estimado en $619.680 millones (exactamente $619.680.857.421), inicialmente contra cuatro exvicepresidentes de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y la empresa concesionaria de la explotación minera, ordenó la Contraloría General de la República.

A través de un comunicado, la Contraloría informó ayer que la decisión fue tomada el 7 de febrero al cerrar una indagación preliminar en la que se estableció un detrimento fiscal por regalías no pagadas correctamente por la explotación de níquel y hierro entre 1982 y 2012, en la mina conocida como Cerro Matoso, en la jurisdicción del municipio de Montelíbano (Córdoba).

La indagación preliminar se adelantó el año pasado luego que el contralor Carlos Felipe Córdoba, mediante auto número 0002 del 18 de enero de 2019, declaró de impacto nacional los hechos relacionados con la liquidación y pago de regalías, en virtud de los contratos de concesión minera 866 de 1963 y 1727 de 1971, enfatizando que se analizara si se dedujeron costos no pertinentes en la liquidación de regalías de níquel y se determinara si se pagaron regalías por la explotación del hierro contenido en el ferroníquel.

Como presuntos responsables fiscales fueron identificados en forma preliminar cuatro exvicepresidentes de seguimiento, control y seguridad minera de la ANM, que tenían como función fiscalizar la liquidación trimestral y el recaudo de las regalías de níquel, sin perjuicio de que se vinculen otros funcionarios que fiscalizaban estas regalías en las entidades anteriores a la ANM como Ingeominas, Minercol y el Ministerio de Minas.

Daño fiscal

En cumplimiento de lo ordenado por el contralor Córdoba, el contralor delegado intersectorial 11 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, Javier Eduardo Noguera, con un equipo de contadores y economistas, adelantó la indagación preliminar, que culminó con la apertura de un proceso ordinario de responsabilidad fiscal, mediante auto 0063 del viernes.

Para el desarrollo de la investigación se tomaron en cuenta los criterios aplicados en las auditorías adelantadas por la Contraloría Delegada de Minas y Energía y la decisión 0217 del 26 de febrero de 2018 del Grupo de Regalías de la Contraloría General, que abarcan los años 1998 a 2003 y 2004 a 2008, en las que se identificaron gastos deducidos por concepto de vuelos chárter, bonificaciones anuales y arriendo de apartamentos para directivos de la empresa concesionaria; pago de hotel y facilidades exteriores como el Club Katuma y el Club Jagua, que no guardan relación de causalidad ni pertinencia con la producción, procesamiento y transporte del níquel.

En la indagación preliminar también se identificaron otra serie de gastos recurrentes a lo largo de la concesión, además de los clubes y hotel, que tampoco resultaban pertinentes ni agregaban valor, tales como vestieres y cafetería, motivo por el cual se habrían dejado de pagar regalías en cuantía de $230.886.014.289, entre el cuarto trimestre de 1982 y el tercer trimestre de 2007. Otras fuentes de afectación fiscal Teniendo en cuenta que en el área explotada en virtud del contrato 866 de 1963 se produce el 99% del níquel y que este contrato fue prorrogado desde 2007 a 2012, debieron aplicarse en estos años, para la liquidación y pago de regalías, los criterios fijados en el artículo 23 de la Ley 141 de 1994 y la sentencia de la Corte Constitucional C-800 de 2008.

De acuerdo con la Ley 141 de 1994, sólo podía deducirse el 75% de los costos de procesamiento y manejo del mineral, su transporte y gastos portuarios. La Corte exigía que estos costos debían estar claramente demostrados. Esta última condición no se cumplió porque el concesionario no presentó los soportes de dichos costos y la autoridad minera tampoco los verificó en su oportunidad. De manera que, para la Delegada Intersectorial, no fue depurada con rigor la base para liquidar las regalías durante los últimos 5 años de la concesión, lo cual estaría generando un detrimento de $386.367.947.662.

Finalmente, se determinó, con base en la información reportada por la Agencia Nacional de Minería, que durante el período de explotación de la mina entre 1982 y 2012, no se pagaron regalías por el hierro contenido en el ferroníquel producido, en una cuantía estimada en $2.426.895.470 como daño fiscal.