Sin embargo, el Director del Codhes dijo que hay territorios en donde este flagelo persiste, como en el Pacífico

EL NUEVO SIGLO: ¿Qué ha pasado con el fenómeno del desplazamiento de población en lo corrido del año?

MARCO ALBERTO ROMERO SILVA: El desplazamiento forzado ha caído si se compara con las épocas del conflicto armado cuando las Farc estaban en armas, sin embargo, aún existe un conjunto de territorios donde se sigue produciendo desplazamiento forzado de carácter masivo, y particularmente estamos hablando de la costa del Pacífico, de la zona de Catatumbo y más recientemente el caso de Puerto Libertador en Córdoba y Antioquia.

En algunos casos por la presencia de grupos que llegan a copar territorios que tenían en otro momento bajo control las Farc, enfrentamientos de grupos armados como se ha visto en el Catatumbo con el Eln, presencia de paros armados, bandas criminales y panfletos alusivos al Clan del Golfo en Cauca. Entonces en aquellas zonas en donde persiste el conflicto armado con el Eln o dinámicas de bandas criminales de diverso orden se están produciendo tres tipos de fenómenos: el primero, desplazados forzados en varios de estos lugares; dos, asesinatos de líderes sociales; tres, amenazas generalizadas para expulsar organizaciones en los territorios.

Esto tiene que ver con distintas causas, no es fácil de encasillar en una sola causa.

ENS: Se dijo que en el posconflicto se trasladaría el enfrentamiento a las áreas urbanas, si es así ¿qué pasa con el desplazamiento allí?

MARS: Sí hemos hablado de desplazamiento intraurbano en zonas como Buenaventura, en las comunas de Medellín. Todavía en zonas de Buenaventura se ve la situación de violencia muy generalizada, en donde hay asesinatos, asesinan líderes sociales, hay una serie de problemáticas, pero ya no estamos en los tiempos de grandes contingente de desplazamiento intraurbano.

Lo que vemos es que tampoco ha regresado mucha gente porque se esperaba con el posconflicto que muchos tomaran la decisión de retornar, particularmente porque el acuerdo de paz tiene una oferta importante rural para la población: 3 millones de hectáreas de tierra, un plan de formalización de más de 9 millones de hectáreas de tierra, subsidios, créditos especiales, planes de educación rural, seguridad alimentaria. Un conjunto de programas que se pactaron.

El problema que vemos es que por un lado hay persistencia de formas de violencia en los territorios, pero por otro no hay una implementación seria del acuerdo de paz, particularmente los puntos más rezagados tienen que ver con esto, con la reforma rural. El presidente Duque no cree en eso, y pienso que ese es un daño muy grande porque si la gente no tiene una alternativa productiva no va a regresar, y si hay una lógica de hacer trizas la paz, de estimular dinámicas de enfrentamiento en los territorios antes de que solución de las guerras que el país tiene, la gente no va a regresar. La gente se está quedando en la ciudad y allí no encuentra una política de soluciones duraderas de fondo.

Pensemos el caso de Bogotá-Soacha, donde puede haber 1 millón de personas que se han hecho a algunas viviendas, se han hecho a programas de emprendimiento, a programas de educación, pero muy mínimos comparados con la magnitud del fenómeno. Entonces creo que ya es hora de que los gobiernos en las grandes ciudades cambien el enfoque a un modelo de solución duradera porque mucha gente no va a regresar por las condiciones de la sociedad rural, por las condiciones del conflicto, pero también porque ya vemos, por ejemplo, en Bogotá que hay muchos hijos de familias desplazadas que están pidiendo cupos en la universidad, y ese tipo de respuesta todavía es muy incipiente.

ENS: ¿Tiene la administración Duque una política frente al desplazamiento forzado?

MARS: El gobierno Duque tiene en el Plan de Desarrollo un capítulo sobre el tema pero realmente lo que hemos visto es que para este Gobierno primero no tiene una decisión de implementar el acuerdo de paz y en segundo lugar ha primado más el criterio de la sostenibilidad fiscal. En el Plan de Desarrollo ni siquiera se llegó a medio millón de indemnizaciones nuevas para los próximos cuatro años. Las indemnizaciones que se entregan a las víctimas de desplazamiento no han llegado ni al 10% de las víctimas.

Los sujetos de reparación colectiva, que son más de 600 inscritos ante la Unidad de Víctimas, no han encontrado una solución adecuada, solo seis casos se han cerrado de conformidad con las víctimas. Entonces realmente vemos que no hay una voluntad de hacer una inversión sustantiva en darles a las víctimas algo más que ayudas humanitarias