Ante la Comisión de Acusación de la Cámara fue presentada una denuncia penal y disciplinaria contra la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Patricia Linares, al igual que contra el magistrado de ese tribunal, Alejando Ramelli.

La acción judicial se radicó por el presunto delito de tráfico de influencias y utilización de asunto sometido a secreto o reserva.

Allí se solicita investigar si Ramelli y Linares pudieron haber cometido faltas gravísimas, luego de que el primero suministrara por medio de correos electrónicos a la presidenta de la JEP información sobre la sentencia de exequibilidad del acto legislativo 01 de 2017, que le dio vida a esa jurisdicción.

La denuncia (que cita apartes de una noticia publicada por el diario El Espectador), para la fecha en que ocurrió el hecho Ramelli todavía se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, lo cual le impedía divulgar este tipo de información.

“El doctor Alejandro Ramelli envió información de carácter reservado al correo de Patricia Linares, sobre el trámite al interior de la corte de dicho proceso”, señala uno de los apartes de la noticia.