En las últimas 72 horas, las fincas Guaduales, La Unión y El Chimán en el norte del Cauca han sido escenario de invasiones y enfrentamientos, según denunció el Consejo Gremial y Empresarial del departamento.
El sector empresarial del Cauca alzó la voz ante las recientes invasiones de tierras productivas en los municipios de Cajibío y Caloto, donde grupos de encapuchados han ocupado irregularmente fincas, destruyendo cultivos y provocando incendios que se han extendido a importantes áreas forestales. Esta situación ha encendido las alarmas en la región, donde las tensiones entre comunidades indígenas y afrodescendientes se han intensificado, resultando en enfrentamientos violentos.
En Cajibío, la finca Guaduales fue invadida, sus cultivos destruidos y se registraron quemas de vegetación. Acciones similares ocurrieron en la finca La Unión, donde los invasores arrancaron 35 hectáreas de plantación forestal y desplazaron a los trabajadores. En la finca El Chimán, en zona rural de Caloto, las disputas entre comunidades afrodescendientes e indígenas escalaron a enfrentamientos físicos por el control del predio.
Gerardo Arroyo, director ejecutivo del Consejo Gremial y Empresarial del Cauca, enfatizó la necesidad urgente de que el Gobierno Nacional actúe para proteger el derecho a la propiedad privada, conforme al artículo 51 de la Constitución Política. "Es indispensable que haya judicialización para quienes invaden la propiedad privada y se ponga fin a estas acciones que sólo agravan la problemática social y económica de la región", afirmó Arroyo.
La situación no es nueva. Desde febrero de 2024, la finca La Capilla, también en Cajibío, ha sido blanco de invasores que han perturbado la paz de la comunidad vecina con el uso de artefactos explosivos. Las constantes invasiones han provocado desplazamientos masivos, desempleo y pérdidas millonarias, afectando a campesinos, agricultores y empresas locales.
El Consejo Gremial y Empresarial del Cauca ha reiterado en múltiples ocasiones sus denuncias a las autoridades competentes, subrayando que los bloqueos a la vía Panamericana, la extorsión y el terrorismo son factores adicionales que agravan el clima de inseguridad y desincentivan la inversión en el departamento. "Cada invasión es una vulneración a derechos fundamentales como el trabajo, la movilidad y la vida, generando terror y zozobra en la comunidad", puntualizó Arroyo.