Se revelan graves irregularidades en el proceso de elección del representante del sector privado para la junta directiva de la Corporación Autónoma Regional (CAR), generando dudas sobre la transparencia y legitimidad del proceso. Desde la recepción de pliegos de inscripción fuera de los plazos establecidos hasta la presencia de personas fallecidas en la puja, las acusaciones de suplantaciones y conflictos de interés han desatado una polémica que cuestiona la integridad del proceso.
Según el veedor Román Eduardo Mercado Mejía, las alarmas se encendieron con la recepción de 378 solicitudes físicas, de las cuales 333 fueron entregadas fuera del horario establecido, algunas incluso después de la fecha límite.
Este hecho marcó el inicio de una serie de irregularidades que comprometen la transparencia del proceso. Además, se reportaron casos de suplantación de identidad, eliminación de aspirantes sin razón, participación de contratistas de la entidad en el proceso y hasta la aparición de empresas no inscritas como aspirantes.
Una de las denuncias más preocupantes es la presencia de nueve personas inscritas que tienen contratos vigentes con la CAR, lo cual constituye un claro conflicto de interés. Estas acusaciones han llevado a la CAR a aplazar la fecha de elección para revisar minuciosamente los pliegos de inscripción y asegurar la transparencia del proceso.
La representación del sector privado en la junta directiva de la CAR es crucial para garantizar que las decisiones beneficien a toda la comunidad y no solo a intereses particulares, por lo que la comunidad y los comerciantes tienen un interés directo en este proceso.
Otra de las denuncias es la de una mujer cuyos documentos aparecieron falsificados y presentados desde un municipio desconocido para ella, sin su consentimiento ni conocimiento del proceso en el que supuestamente participaba.
Entre las denuncias más graves se encuentra la participación de personas fallecidas y la suplantación de identidades. Daniel Sánchez, quien intentó inscribirse en abril pasado, fue testigo de la confusión y falta de control en las inscripciones. Además, se han reportado casos de documentos falsificados y presentados sin el conocimiento ni consentimiento de los supuestos candidatos, procedentes incluso de municipios desconocidos para ellos.
El conflicto de interés también ha sido un punto álgido. Se estima que nueve personas inscritas poseen contratos vigentes con la CAR, situación que podría influir directamente en decisiones críticas que afecten los intereses ambientales y económicos de la región.
La gravedad de estas revelaciones llevó a la CAR a posponer la elección inicialmente programada para el viernes 12 de julio, ahora reprogramada para el próximo miércoles. Mediante un comunicado oficial, la Corporación explicó la necesidad de revisar minuciosamente cada inscripción y garantizar la transparencia del proceso electoral, tras la publicación de un informe que detalla las múltiples irregularidades encontradas.