El general (r) Rito Alejo del Río acudirá el 11 de diciembre, a las 8 de la mañana, a rendir versión en desarrollo del macrocaso 04 sobre la situación territorial de la región de Urabá, en el que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) busca esclarecer los hechos ocurridos también en el Bajo Atrato y el Darién cometidos presuntamente por miembros de las Farc, la Fuerza Pública, agentes del Estado no uniformados y terceros civiles.
Del Río se acogió al Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No Repetición y aceptó acudir en esa fecha para hablar del conflicto en esa región del país, ya que organizaciones de derechos humanos han denunciado sus vínculos con grupos paramilitares.
El general (r) Del Río es conocido como el ‘Pacificador de Urabá’ por la guerra que emprendió contra las Farc en esta zona de Colombia. Desde septiembre de 2017 está en libertad, luego de permanecer ocho años detenido.
Además del asesinato de Marino López, ocurrido durante la operación Génesis del Ejército, Del Río es investigado por la masacre de Mapiripán, Meta, a manos de las paramilitares Auc en 1997, el magnicidio de Álvaro Gómez y el homicidio de Jaime Garzón. Tanto Del Río como su defensa, han asegurado que no se aceptará ninguna verdad ni responsabilidad en los hechos. “No asume compromisos de no repetición porque, si no ha cometido ningún hecho, no puede garantizar el no repetirlo”, aseguró en 2017 el abogado defensor Édgar Torres.
El alto oficial llegó como comandante de la Brigada XVIII en 1995. La guerrilla se expandía por la región del Urabá y Del Río no dudó en declararse su enemigo y atacarla con toda la fuerza posible. En ese contexto se hizo la operación Génesis, entre el 24 y 27 de febrero de 1997, en el Bajo Atrato chocoano, cuenca del Río Cacarica. El Ejército y paramilitares del bloque Élmer Cárdenas, al mando de Freddy Rendón, alias el ‘Alemán’, atacaron al frente 57 de las Farc. Durante la operación, el líder chocoano López Mena fue decapitado frente a la comunidad. Los paramilitares que lo asesinaron jugaron futbol con su cabeza. 3.500 habitantes fueron desplazados por la ofensiva militar y paramilitar. Por estos hechos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado por no haber protegido a la comunidad del Chocó.