A propósito de los recientes hechos de violencia en la localidad de Ciudad Bolívar, el concejal liberal Armando Gutiérrez se refirió a dos alertas tempranas que emitió la Defensoría del Pueblo y que en su momento él atendió, pero “no ha habido una respuesta interinstitucional clara”.

La primera de ellas se presentó en noviembre del 2019, la alerta temprana N.° 046 del 2019 de la Defensoría del Pueblo, que señalaba el riesgo de algunas localidades, pues se habían convertido en zonas de control usadas por grupos delincuenciales y grupos armados ilegales.

Tras la desarticulación del Bronx, considerado la ‘olla’ más grande de la capital, estos grupos de crimen organizado se dispersaron por varias zonas de la ciudad, poniendo en riesgo la vida e integridad de quienes viven y trabajan en localidades como Santa Fe, Los Mártires y Puente Aranda.

“En ese momento, resalté la importancia de aumentar el presupuesto al interior de la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá, a fin de fortalecer programas sociales en estas localidades, aumentar la jornada escolar y disponer de suficientes coberturas de jardines infantiles en modalidad nocturna. Ello para contrarrestar los riesgos en menores de edad por el uso y abuso de sustancias psicoactivas, posible vinculación a grupos armados al margen de la ley, abuso sexual y explotación sexual comercial infantil, entre otros”, indicó ayer el concejal.

Posteriormente, el 31 de mayo de 2021, nuevamente la Defensoría del Pueblo, a través de la alerta temprana 010 de 2021, advirtió el riesgo en 10 localidades de Bogotá, en donde coexisten dos corredores de movilidad utilizados por grupos armados ilegales para intensificar economías ilegales y otras fuentes de financiación a partir de delitos de alto impacto.

El riesgo en estas localidades, dentro de las cuales está incluida Ciudad Bolívar y la UPZ Arborizadora, ha sido resultado de tres hechos: la disputa entre grupos armados ilegales por el control del territorio; la expansión y copamiento hacia nuevos territorios por parte de actores armados ilegales y de crimen organizado, y una mayor incidencia de organizaciones de crimen transnacional en el territorio que se están articulando con grupos armados ilegales.

“Pese a estas alertas, no se ve una respuesta institucional clara y contundente con acciones dirigidas a transformar las dinámicas sociales y factores de vulnerabilidad que están estrechamente relacionados con el control que tienen los grupos armados ilegales a través de la red criminal que han configurado con presencia en 10 localidades de Bogotá”, precisó el concejal Gutiérrez.