Quedó en suspenso la imputación por parte de la Fiscalía al excomandante del Ejército,  general (r) Mario Montoya, por su presunta responsabilidad en 104 casos de ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’, después de que este miércoles en la audiencia en el Tribunal Superior de Bogotá la defensa alegó que la competencia en este caso la tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la cual el investigado se sometió.

Como consecuencia el magistrado del Tribunal Superior de Bogotá a cargo de este caso, Fabio David Bernal, citó para este jueves la continuación de la audiencia en la cual se espera decida si accede a la petición de la Fiscalía de imputación al general (r) Montoya por casos de falsos positivos o, por el contrario, le da la razón a la defensa en el sentido de que la jurisdicción la tiene la JEP.

De esta forma quedaría  planteado un eventual choque de competencia entre la justicia ordinaria,  representada por la Fiscalía, y la JEP, la cual fue creada producto del Acuerdo de Paz para sancionar los graves delitos que se cometieron en el marco del conflicto armado.

En los tres años que viene funcionando, ante la JEP se han sometido 9.812 desmovilizados de la entonces guerrilla de las Farc y 3.143 integrantes o que hicieron parte de la Fuerza Pública.

Por tratarse de justicia transicional las sanciones que aplique la JEP a quien entregue verdad y encuentre responsable por graves delitos cometidos en el conflicto armado están entre los 5 y 8 años de restricción a la libertad, que en ningún momento implica cárcel.

En tanto que quien no aporta verdad ni reconozca responsabilidad en el delito investigado, pero sea vencido en juicio en la JEP, afrontará una pena de 20 años de prisión.

Mientras que en la justicia ordinaria las penas por cualquiera de los graves delitos que se cometieron en el conflicto armado serían muy superiores.

A finales de julio pasado, el fiscal General Francisco Barbosa anunció sobre el general (r) Mario Montoya que “lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad”.

El fiscal del caso expuso al comienzo de la audiencia que las razones por las cuales la Fiscalía solicitó audiencia para imputar a Montoya por ‘falsos positivos’, a pesar de que la JEP desde 2018  aceptó su sometimiento.

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Al respecto indicó que “a la fecha la JEP no ha asumido el conocimiento efectivo del caso ni hay un auto de determinación de los hechos y conductas que va a verificar Mario Montoya en la JEP. La justicia penal ordinaria debe continuar con las actuaciones procesales previas al juzgamiento".

Argumentos de la defensa

Por su parte Andrés Garzón, abogado del general (r) Montoya, dijo que "el factor de competencia está definido", por lo que le pidió al juez que desestime la solicitud de imputación de la Fiscalía. Advirtió que en caso contrario planteará un conflicto de competencias que deberá resolver la Corte Constitucional.

Mientras que la Procuraduría consideró que la competencia en este caso se encuentra en la JEP.

"El Ministerio Público considera que la competencia no está en cabeza de la Fiscalía, tampoco en cabeza de su señoría, y como se ha manifestado en esta audiencia, nos podríamos encontrar ante un conflicto de jurisdicciones", indicó Martha Reyes, procuradora delegada para el caso.

Agregó que "la Fiscalía puede continuar adelantando todo lo correspondiente a los actos de investigación más no citar para diligencias judiciales".