En el marco del Decreto Ley Antitrámites que firmó el presidente de la República, Iván Duque, las entidades del sector minas y energía establecieron nuevas directrices para facilitar el registro de empresas extranjeras del ramo que quieran domiciliarse en Colombia.

“Estamos transformando el Estado y dando un salto que nos lleva a tener un servicio más ágil con la ciudadanía, sin trabas u obstáculos y entendiendo las necesidades de los colombianos. Hemos priorizado que estas intervenciones de trámites mejoren la legalidad, la equidad y la lucha contra la corrupción. Por eso es una obligación, a partir de este momento, que las entidades habiliten medios de pago electrónico y empiecen a fortalecer los canales de atención digital a los ciudadanos”, indicó el director del Departamento Administrativo de Función Pública, Fernando Grillo.

Para tal efecto, el Decreto señala que dichas compañías interesadas en celebrar contratos sobre petróleo podrán tomar como domicilio la cabecera del Circuito de Notaría de su preferencia. De igual manera, se determina que estas empresas serán consideradas como colombianas para los efectos nacionales e internacionales.

Acerca del decreto ley

Tras la aprobación de las Facultades Extraordinarias al presidente Iván Duque en el Plan Nacional de Desarrollo, el Departamento Administrativo de la Función Pública lideró las mesas de trabajo para la articulación de los 24 sectores de Gobierno, así como las entidades territoriales y gremios empresariales. Fueron tres los pilares de la construcción: la legalidad, la equidad y la lucha contra la corrupción. Durante el diálogo e identificación de trámites a ser revisados, se recibieron 1.800 propuestas que se incorporaron en el articulado del decreto ley.

De otro lado, la calificadora Moody´s sacó el informe en el que se destaca que los riesgos ambientales y la escasez de recursos plantean retos para las empresas mineras de la región

En un nuevo informe, Moody’s Investors Service señala que la industria minera de la región está expuesta a riesgos ambientales y sociales que probablemente afectarán la calidad crediticia.

“En América Latina, los principales riesgos ambientales son la contaminación del suelo y el agua y las restricciones en el uso de tierras, la escasez de agua, los desastres naturales y los desastres provocados por el hombre, mientras que los riesgos sociales más prominentes están relacionados con la salud y la seguridad, el capital humano y la producción responsable”, dice Barbara Mattos, Senior Vice President de Moody’s.

Indica la experta que “la industria minera afronta riesgos sociales relacionados con sus operaciones, incluyendo conflictos laborales, desafíos en las relaciones con las comunidades locales y disputas sobre el uso de recursos naturales”.

Los riesgos ambientales y sociales, tales como la escasez de agua y las dificultades en las relaciones laborales, añaden presiones a los costos de las empresas.

Asimismo, los conflictos que surgen con comunidades cercanas en torno al acceso a tierras o a los recursos naturales presentan riesgos para las empresas mineras. Un intento de los gobiernos a finales de 2018 para exigir que se realicen consultas a los integrantes de las comunidades, junto con los derechos de los estados para imponer sus propios impuestos ecológicos, sugieren que la carga regulatoria de las empresas mineras podría aumentar en los próximos años.