Una operación coordinada entre la Policía, la Fiscalía, la DIAN y el Invima permitió la desarticulación de una estructura que, de manera ilícita, obtenía estos productos para la salud y los comercializaba en La Guajira y Venezuela y los distribuía en el país.

En total fueron capturadas ocho personas, entre ellas el presunto cabecilla de la organización, cuyas “acciones representaban un enorme riesgo para la salud de los colombianos, la cual permitió el hallazgo y decomiso de 7,8 millones de unidades de estos productos para la salud, avaluados en aproximadamente $8.000 millones.

Dicha organización contaba con más de 10 locales comerciales abiertos al público (tipo droguerías) y 4 bodegas, en los cuales se realiza el almacenamiento, distribución y comercialización de medicamentos de contrabando, uso institucional, entre otros; dichos locales comerciales son de propiedad del líder de la organización, los cuales están a nombre de terceras personas y quienes serían las encargadas de administrar dichos establecimientos.

Las investigaciones indican que buena parte de los medicamentos ingresaban de manera ilícita desde Ecuador, mientras otro porcentaje de uso institucional era sustraído de manera ilícita del sistema de salud de Risaralda, Santander, Norte de Santander y Atlántico.

Posteriormente, los medicamentos eran enviados a través de encomiendas hacia La Guajira, donde una parte comercializaba localmente en una cadena de farmacias y en la calle, mientras que la otra era enviada por vía terrestre y pasos ilegales hacia Venezuela.

Se logró además establecer la distribución ilícita de medicamentos de alta complejidad, que son utilizados para enfermedades terminales como el cáncer, diabetes, anticonceptivos y medicamentos de control especial a muy bajo costo con relación al precio actual en el mercado y que no cumplen con la respectiva norma sanitaria.

Estos medicamentos eran adquiridos en el “mercado negro” de Cúcuta y Pereira. Se logró determinar, la distribución local de estos medicamentos ocultándolos en cajas de dulces, con el fin de evitar ser detectados por las autoridades.

La acción criminal de la estructura desmantelada, dedicada al contrabando y enajenación ilícita de medicamentos, representaba un riesgo para la salud de los consumidores, ya que en ocasiones las mercancías eran expuestas a elevadas temperaturas que alteraban sus componentes.

Dentro de los capturados figura el jefe de la organización criminal, quien además es el propietario de una cadena local de farmacias en La Guajira. Este hombre, según las indagaciones adelantadas, era el encargado de articular el ingreso, transporte, bodegaje, alteración, distribución y comercialización de los productos ilícitos. Las otras siete personas eran, en su mayoría, las encargadas de la distribución y comercialización de los productos.

Esta histórica incautación supera ampliamente los decomisos realizados por la Policía Fiscal y Aduanera en todo un año de gestión: para el año 2017 fueron decomisadas 3,8 millones de unidades de medicamentos de contrabando o alterados, en 2018 fueron 6,4 millones, y en 2019, un total de 4,9 millones.