Las recientes irregularidades detectadas con las raciones que entregó el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a los menores de 0 a 5 años de edad en medio de la pandemia fue declarado por la Contraloría como tema de "impacto nacional".
El caso tiene que ver con una investigación del organismo de control que identificaron que 28 mil raciones de alimentos fueron entregadas por contratistas del ICBF a 15 mil beneficiarios que aparecen en los registros como personas fallecidas.
La medida la adoptó la Contraloría por la trascendencia de estos presuntos hechos de corrupción cuyo detrimento patrimonial sería de $2.241 millones aproximadamente, cifra que sale de la multiplicación del número de raciones que se entregaron a estas personas fallecidas por el valor más bajo de una ración ($80.000).
Asimismo, la decisión permite que la investigación sea asumida por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la Contraloría que verificará las 69 alertas emitidas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) en la ejecución del Programa de Canastas Nutricionales.
La investigación busca determinar si las pruebas recaudadas ameritan el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal para que los implicados o responsables de los hechos asuman las sanciones económicas.
Cabe mencionar que la Contraloría recordó que, una vez declarada la emergencia sanitaria el Programa Canastas Nutricionales contrató una modalidad para que varios operadores hicieran el suministro de raciones alimentarias en los hogares de los niños y niñas entre cero y cinco años y madres gestantes registrados en el programa.
Desde esa fecha, la Diari, dentro de su plan de vigilancia a los recursos asignados a atender la pandemia, identificó que diferentes contratistas del ICBF entregaron 28.018 raciones a 15.580 acudientes registrados que están en la base de datos de la Registraduría reportados como fallecidos.
No obstante, estás no fueron las únicas anomalías identificadas por un equipo de analistas de la Diari, quien al verificar las planillas en físico, evidenciaron que en varios departamentos, tutores de los menores que recibieron las raciones tienen múltiples beneficiarios, lo que llevó a generar 6 alertas a 1.970 beneficiarios.
Además, la Dirección también generó 25 alertas de contratos con bajo índice de cumplimiento, que equivalen a $12.087 millones de pesos por entregar. Se trata de contratos en los que en los meses de mayo, junio y julio del presente año se realizaron pocas entregas y, en algunos casos, ninguna.