Un programa de protección colectiva e individual de los indígenas en Chocó implementará la Unidad Nacional de Protección.

Ese es uno de los puntos que acordó el Gobierno con cerca de 500 indígenas de los pueblos Embera, Dóbida, Katío, Wounaan y Zenú, que iniciaron en la noche del jueves el regreso a sus comunidades desde Bogotá.

Estos pueblos procedentes de las cuencas de los ríos Cacarica, Truandó y Salaquí, ubicados en los municipios de Riosucio y el Carmen del Darién, Chocó, alegan que el incumplimiento de los acuerdos de paz con las comunidades indígenas ha generado un recrudecimiento del conflicto armado insostenible.

Llegaron a Bogotá “para alertar sobre el aumento del reclutamiento forzado, la siembra de minas antipersonales, los asesinatos de líderes indígenas, las amenazas contra miembros de las diferentes comunidades al norte del Chocó por cuenta de los diferentes actores armados que operan en la región: Autodefensas, Clan del Golfo y guerrilla del Eln”, le dijo a la Agencia Anadolu el coordinador de la Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, Helfer Andrade.

Diálogo

Durante cinco días funcionarios del Gobierno, liderados por el Ministerio del Interior, adelantó diálogos con las comunidades indígenas del Chocó con el fin de buscar una solución a los problemas humanitarios y de seguridad que se vienen presentando en el departamento.

Según informó Mininterior a través de un comunicado, los puntos acordados fueron avalados por el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, las oficinas del Alto Comisionado para la paz y para los Derechos Humanos, así como por la Unidad para las Víctimas.

En otro comunicado, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) dio cuenta de que “con nuevos acuerdos hacia el restablecimiento de los derechos de los pueblos indígenas” concluyó el espacio de diálogo.

En el marco de la protesta que iniciaron el pasado fin de semana y que denominaron Minga por la Vida y la Dignidad, los indígenas pidieron al Gobierno que les brinde garantías de seguridad en sus territorios ante la violencia de actores armados, entre otras prebendas.

Entre los compromisos está adelantar una mesa de trabajo con delegados de las autoridades indígenas y el Ministerio de Defensa con el objetivo de revisar el diagnóstico de seguridad y poder establecer una hoja de ruta que permita atender la situación de orden público. Esta mesa se llevará a cabo el 14 de diciembre de 2018 en Apartadó, Chocó.

También se definirán dos enlaces en el comando de las Fuerzas Militares y del Ejército para atender a las autoridades indígenas frente a posibles alteraciones del orden público, estos se definirán durante lo que resta de noviembre.

Además, un comité técnico de la comisión intersectorial y las entidades del Gobierno nacional se reunirán en territorio con las comunidades indígenas de Riosucio y Carmen del Darién. Durante el encuentro se continuará trabajando en los compromisos y rutas de trabajo. La reunión se llevará a cabo el 6 y 7 de diciembre. En esos mismos días se definirán los alcances, fechas, metodología y el desarrollo de la misión de verificación que se adelantará en el territorio en 2019.

Riesgo de extinción

De acuerdo con la ONIC, en Colombia 64 de los 102 pueblos indígenas que existen se encuentran en riesgo de extinción física.

A pesar de que se reconoce como un país multiétnico, que vela por la protección de su diversidad cultural -sobre el papel de la Constitución de 1991-, la Corte Constitucional identificó a 36 pueblos indígenas que están en riesgo de exterminio como consecuencia del conflicto armado interno que inició hace 60 años.

Entre las modalidades más comunes de intimidación y agresión están los asesinatos contra líderes sociales, desplazamiento forzado, violencia sexual, masacres, combates dentro y cerca de los resguardos y territorios ancestrales, desaparición forzada, confinamiento y siembra de minas antipersonales.