El pasado 11 de agosto fueron aprobados en el Concejo de Bogotá los proyectos de acuerdo acumulados por unidad de materia 371 y 404, por medio de los cuales “se establecen lineamientos que propendan por el acceso y uso a un mínimo vital de internet en el marco de la sostenibilidad para la población pobre y vulnerable”, teniendo en cuenta que, de considerarse como mínimo vital, se convertiría en un derecho fundamental, como es el caso del acceso al agua.

Sin embargo, la Administración distrital hace algunos días le solicitó a la corporación subsanar aspectos relacionados con la constitucionalidad, legalidad y fuentes de financiación de la iniciativa.

La Alcaldía considera que el proyecto extralimita lo dispuesto en la Ley 2108 de 2021, que determina las condiciones y alcance del servicio esencial de internet, porque ahí se señala la universalidad del acceso, pero no corresponde, como lo equipara el Cabildo Distrital, al suministro gratuito de determinada cantidad de internet en las residencias, denominado como “mínimo vital”.

También señala que, como está redactada la iniciativa, se podría desvirtuar el concepto de derecho al mínimo vital al relacionarlo con el acceso a internet, puesto que esa figura está relacionada exclusivamente con el núcleo esencial de derechos fundamentales, una categoría que el acceso a internet no tiene, pese a estar catalogado como servicio público esencial.

Además, la Administración indica que el proyecto de acuerdo pone en riesgo el principio de sostenibilidad fiscal, en la medida en que su implementación podría tener un impacto considerable en el Marco Fiscal de Mediano Plazo ya que sería un nuevo gasto, dada la connotación de domiciliario que está especificando la propuesta y que hoy no está previsto en el Plan de Desarrollo, por lo cual resulta inconveniente en términos macroeconómicos. 

Por otro lado, de acuerdo con la Alcaldía Mayor ya existen avances en la reducción de la brecha digital de Bogotá. Asegura que se adelantan diferentes proyectos que están beneficiando a los habitantes de la ciudad a través de programas que aumentan el uso de infraestructura de tecnologías de la información y las comunicaciones en los colegios, espacios públicos concurridos como parques, estaciones y paraderos de servicio público de transporte, plazas de mercado y puntos de la Red CADE, entre otros. 

A su vez, la Alcaldía resalta que, según la más reciente Encuesta Multipropósito, realizada por la Secretaría Distrital de Planeación y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), los hogares con acceso a internet en zonas urbanas de Bogotá pasaron de 67,2% en 2017 al 80,7% en 2021 y en las zonas rurales el incremento fue del 9,4% en 2017 a 38,4% en 2021.

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Autores del proyecto

Por otra parte, el concejal Nelson Enrique Cubides Salazar, coautor del proyecto, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “la objeción de la alcaldesa tiene tres razones. La primera es que el proyecto cuesta mucho dinero. Basándose en la Ley 2108 de 2021, que obliga a tener universalidad de internet en todo el país, la alcaldesa responde que: en ningún momento la Ley obliga a que la ciudad tenga que pagarlo. El tema de fondo en el que la Alcaldesa se basa, y es donde se equivoca, es que el internet no es un derecho fundamental, por tanto el Distrito no está obligado a sumir el costo”.

El acceso a la información es indispensable

“En este aspecto es donde hay un error, si bien no es un derecho fundamental establecido en la Constitución, el acceso a la información es el que determina el nivel de alcance que podría tener una ciudad o región. Además, hoy es la necesidad de muchos niños para que puedan tener cualquier dominio de habilidades para competir a nivel global. Esto es lo que está impidiendo la alcaldesa”, agregó Cubides Salazar.

Por otra parte, el cabildante reiteró que con este proyecto se pretende brindar acceso a la formación y a la capitación. “Hoy el 80% de la formación se hace a través de instituciones informales, y el internet es la principal herramienta para ello. No necesitamos necesariamente acceso a una educación formal para que los ciudadanos se capaciten”, dijo el concejal.

“La excusa es el dinero, pero de fondo podríamos tener avance progresivo en estratos 1, 2 y 3 para quienes no tienen la posibilidad de pagar una mensualidad que les permita acceder a internet”, señaló.

De acuerdo con Cubides, “en pandemia había un aproximado de 1.100.000 personas que no tenían acceso directo. El problema radica, en este ejemplo, en que el 70% de estas personas estaban en edad escolar o universitaria, lo cual hace la situación más crítica”.

En este sentido “lo que proponemos es priorizar familias en grado de vulnerabilidad en edad escolar y hacer este proyecto progresivo. Es más, en la propuesta se dejaron unos lineamientos que le permitían al Distrito tener la autonomía de decidir las condiciones de cómo implementarlo”.

Por ahora, de acuerdo con el cabildante, se espera que mañana se tome la decisión de si aceptan o no las objeciones de la alcaldesa. “Si no aceptamos, la decisión final estaría a cargo de un Juez de Control de Garantías”, sostuvo Cubides Salazar.

Por otro lado, Julián Rodríguez Sastoque, uno de los autores de la iniciativa, le dijo a EL NUEVO SIGLO que “es importante dejar claro que este proyecto es una necesidad para los bogotanos. Hay que decir que la Administración no está en contra, de hecho, nos ha dicho que varias de las iniciativas de la Alcaldía apuntan a ese propósito”.

Respecto a la posición de la alcaldesa mayor, el cabildante afirmó que lo que le preocupa a la mandataria es que “no haya una claridad sobre la progresividad y sobre la fuente de financiación”.

Fuentes de financiación

El concejal Julián Rodríguez Sastoque afirmó que “en las últimas reuniones que se han llevado a cabo para la nueva versión del proyecto, a propósito de las objeciones, está el compromiso de explorar las fuentes de financiación que se requieren para poder garantizar el mínimo vital de internet”.

“Aún se está estudiando cuánto sería el presupuesto para garantizar el proyecto. Lo anterior, teniendo en cuenta los criterios de progresividad y de focalización, es decir, la población que sería beneficiada con el proyecto”, agregó.

A su vez luego de conocerse la decisión de la Alcaldía de objetar el acuerdo que abría la puerta al mínimo de internet en Bogotá, el concejal Óscar Ramírez Vahos, también autor de la iniciativa, manifestó que “el proyecto volverá a tramitarse en sesiones extraordinarias a fin de garantizar la sostenibilidad y estabilidad del acuerdo en el corto, mediano y largo plazo”.

Reiteró, además, que aunque la Administración está de acuerdo con el proyecto, se deben discutir algunos temas jurídicos que son válidos para especificar al detalle las competencias en términos normativos y fiscales.