La creación de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en reemplazo de la antigua Dirección Nacional de Estupefacientes no ha logrado superar los riesgos de corrupción y los problemas en la administración de los bienes en proceso de extinción de dominio.

Así lo consigna la Contraloría General de la República en un informe que analiza los alcances del modelo de administración de bienes incautados a la mafia y lo comparó con algunos referentes internacionales.

Dice el estudio que la adopción de un nuevo marco normativo y la constitución de una entidad independiente encargada exclusivamente de la administración de este tipo de bienes, no ha arrojado los resultados esperados, lo cual se corrobora en diferentes auditorías realizadas en los últimos años a la SAE.

“Se reemplazó una entidad por otra que heredó los problemas. A pesar de que la SAE viene adoptando una arquitectura empresarial robusta y consistente, se presentan dificultades de operación del modelo y de coordinación interinstitucional”, señala el informe.

Para la Contraloría, “el diseño de administración de bienes incautados se limitó a crear esta entidad (SAE), desconociendo la procedencia, estado real y otras características de los bienes incautados. Debido a la traumática transición entre la DNE y la SAE, esta heredó el desorden administrativo y la dispersión de información”.

Entre los factores que afectan el manejo de bienes incautados la CGR destaca: duración prolongada de los procesos judiciales de extinción de dominio; inoperancia de la figura de depositarios; inconvenientes para el desalojo de predios; dificultades para la enajenación de activos debido a restricciones del mercado; desconocimiento de la localización y estado de muchos bienes, y falta de coordinación con las entidades de registro para obtener la información de los bienes.

Además, destaca la baja ejecución de las transferencias líquidas, que en el periodo 2015- 2018 alcanzaron apenas el 37% frente al presupuesto proyectado para asignación a las entidades beneficiarias.