El creciente número de líderes sociales asesinados en Colombia volvió a enfrentar al gobierno anterior con la actual administración, pero esta vez por una diferencia que, aunque semántica, tiene repercusiones en la definición de políticas públicas de protección para estas personas.

Mientras el alto consejero presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, asegura que antes de 2015 “no existía” la categoría de líderes sociales asesinados sino que se hablaba de homicidios en general, otra cosa afirma el exministro del Interior y exdirector de esa misma Consejería, Guillermo Rivera.

Lo cierto es que en lo corrido de 2019 han sido asesinados ocho líderes sociales, una cifra que se suma a los 164 crímenes de estos dirigentes comunitarios en 2018, según la Defensoría del Pueblo, aunque para la Fundación Indepaz fueron el año pasado 226 las víctimas.

“Antes de 2015 no teníamos la categoría de líderes sociales. De hecho, esa palabra no existe en el Plan de Desarrollo 2014-2018, mientras en el Plan de Desarrollo que presentaremos al Congreso el 7 de agosto sí existe”, afirmó Barbosa en declaraciones radiales.

De acuerdo con él, el tema “se está politizando”, y citó como ejemplo los debates en el Congreso de la República y las denuncias que ha hecho la oposición política ante organismos internacionales como al Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

“Uno no puede politizar los muertos en Colombia diciendo que hay sistematicidad de estos crímenes. Al cruzar las cifras vemos que eso es una mentira. Lo que sí hay son acciones sistemáticas criminales”, afirmó.

Barbosa, además, recordó el informe de la semana pasada de la Fiscalía General en el que se advierte que “patrones criminales” según los cuales más del 60% de esos crímenes han sido cometidos por grupos criminales, un porcentaje por las disidencias guerrilleras y un porcentaje menor por ajustes de cuentas.

“El narcotráfico, la minería ilegal y la restitución de tierras están poniendo entre la espada y la pared a los líderes sociales”, dijo Barbosa, y aseguró que la mayoría de estos asesinatos se han cometido en los municipios focalizados para el postconflicto.

“La responsabilidad del Estado depende del escenario: efectivamente, la implementación en los territorios fue un fiasco. Los territorios antes ocupados por las desmovilizadas Farc fueron copados por otras fuerzas ilegales. Allí vamos a hacer dos cosas: no solo presencia militar, sino mayor actuación estratégica del Estado”, dijo el Alto Consejero Presidencial para los Derechos Humanos.

Por su parte, Rivera le pidió al actual Gobierno “no ponerle espejo retrovisor a un asunto tan delicado como este”.

“En el proceso de empalme, al actual Gobierno le entregué un documento donde se detalla con cifras y casos analizados sobre los asesinatos de líderes sociales desde antes de 2015”, dijo Rivera.

Incluso, sostuvo que entre 2010 y 2014 se caracterizó otra categoría de líderes sociales asesinados: los reclamantes de tierras.

“Estos líderes sociales comenzaron a ser asesinados cuando comenzó el programa de Restitución de Tierras, pero también están categorizados otros grupos: LGBT, afro, indígenas. Sorprende que un alto funcionario desconozca la memoria oficial, que son las bases de datos que contienen la información de todo lo que se ha venido haciendo”, agregó Rivera en entrevistas radiales.

El ex Consejero Presidencial también aseguró que el número de líderes sociales asesinados se incrementó no desde la firma del Acuerdo de Paz, sino desde 2015.

Frente a la sistematicidad de estos homicidios, sostuvo que “no existe un patrón nacional, pero sí patrones regionales de actores armados ilegales”.

Y puso como ejemplo que en el Cauca la mayoría de víctimas eran reclamantes de tierras; en el bajo cauca antioqueño fueron por disputas de corredores del narcotráfico entre ‘Caparrapos’ y ‘Clan del Golfo’; en el Urabá antioqueño fueron las nuevas bandas criminales de despojadores de tierras; en el Catatumbo por disputas entre ELN y la bacrim ‘los Pelusos’, mientras en el Pacífico las víctimas fueron por disputas de minería ilegal y sustitución de cultivos ilícitos.