La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia informó que no prosperó el recurso de apelación presentado tras la condena impuesta al abogado, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, y tendrá que cumplir la sentencia que le habían impuesto por el delito de concierto para delinquir con la finalidad de promover grupos armados ilegales.
Por sus vínculos probados con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo con el que dialogó entre 2001 y 2007, la Sala Especial de Primera Instancia del mismo tribunal había condenado a Ramos a 95 meses de prisión, más una multa de 7.749 salarios mínimos legales vigentes y una inhabilidad para ejercer cargos públicos por 95 meses más. Luego de este fallo en segunda instancia, Ramos tendrá que cumplir la condena en una prisión y no podrá apelar.
Por el mismo caso, Ramos había recibido una medida de aseguramiento en centro carcelario en 2013, cuando estaba en el sonajero para ser precandidato presidencial del recién fundado partido Centro Democrático. En 2016, después de varios años en la cárcel, la justicia decidió liberarlo y llevó su proceso en libertad.
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La Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del magistrado Ariel Augusto Torres, confirmó que el exgobernador entabló alianzas con los hermanos Vicente y Carlos Castaño para lograr la victoria electoral en el departamento. De esta forma, Ramos habría promocionado y perpetuado la actividad criminal de las AUC.
Los bloques Metro y Centauros de ese grupo delincuencial entregaron dinero y apoyo político a la campaña de Ramos, quien fue senador de la República en 2002 y se hizo escoger como gobernador de Antioquia en 2007. Incluso, según el testimonio de Iván Roberto Duque, alias ‘Ernesto Báez’, había una relación de amistad entre los cabecillas y el político.
Con ‘Ernesto Báez’ también hubo acercamientos, según lo confirmado por la Corte Suprema. A pesar de que Ramos dijo que se sostuvo una reunión en 2004 en el marco de la Ley de Justicia y Paz, el paramilitar aseveró que la misma se llevó a cabo en 2005 y ocurrió en una finca de Hugo Albeiro Quintero, también condenado por el mismo delito.