La atención que reciben por parte del Estado las víctimas de desplazamiento forzado dista aún de colmar plenamente sus derechos fundamentales.

En ello coincidieron los diferentes organismos y asociaciones que participaron en la Corte en una audiencia de seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004, en la que se declaró la existencia de un Estado de Cosas Inconstitucional en esta materia. Por ello es previsible que el alto Tribunal no levante esta figura, más cuando la propia vicepresidenta Marta Lucía Ramírez aceptó que los avances son deficientes.

En el Alto Tribunal, Ramírez dijo que “a juicio del gobierno del presidente Iván Duque, es inaceptable que en 14 años desde la sentencia T025 de 2004 de la Corte Constitucional, el Estado colombiano haya tenido avances tan deficientes respecto a la vulneración de derechos de las comunidades afro, indígenas y mujeres del Pacífico nariñense”.

Asimismo, indicó que en febrero próximo se presentará una nueva revisión de las evoluciones que cada ministerio adelante en el plan de acción diseñado para atender esta Sentencia. “El plan contempla acciones específicas en prevención, protección, seguridad, atención humanitaria, retorno y saneamiento básico para las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia”, apuntó.

Dentro de las acciones adelantadas, hasta ahora, destacó la estabilización del área a través de las Fuerzas Militares, ya que “las violencias que suceden en estos territorios, muchas de ellas derivadas del narcotráfico y de los grupos armados ilegales, nos pone de presente la necesidad de que haya una actividad económica lícita que permita a estas poblaciones enfrentar en su territorio la presencia de todos estos sectores armados”.

Para la Vicepresidenta, “es muy importante el Plan de Acción Oportuna (PAO) del Gobierno nacional para poder defender a los representantes de organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y distintos actores sociales que en estos territorios han sufrido violencias”.

Por su parte, la Contraloría General de la República cuantificó los recursos que serían necesarios para atender los afectados. “Los recursos aún siguen siendo insuficientes en la atención a víctimas y se requeriría un esfuerzo adicional cercano a los $39 billones”.

Añadió el órgano de control que, “para alcanzar a cubrir los requerimientos en vivienda urbana y rural para las víctimas del conflicto, son necesarios $31 billones”.

El vicecontralor Ricardo Rodríguez indicó: “Estimamos que se requieren 10 años más para alcanzar los logros en la política pública de víctimas”.

En tanto que el procurador Fernando Carrillo pidió “articular una sola batería de indicadores que permita hacer seguimiento unificado al goce de derechos de las víctimas”.

Añadió el Jefe del Ministerio Público que “persiste la necesidad de identificar el universo de víctimas en proceso de retorno o reubicación".

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Más voces

Luis Jorge Garay, de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre Desplazamiento Forzado, indicó que,  “se requiere una nueva encuesta de verificación para hacer un seguimiento adecuado a la Sentencia T-025 sobre desplazamiento forzado”.

Mientras que Odorico Guerra, coordinador de la Mesa Nacional de Víctimas, señaló “creemos que el Estado de Cosas Inconstitucional debe continuar, el déficit fiscal no lo podemos pagar las víctimas".

Por su parte el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Alejandro Linares, señaló que “luego de la audiencia es necesario articular todas las propuestas sobre desplazamiento forzado en el Plan Nacional de Desarrollo”.