Aunque no hay cifras precisas del número de campesinos que hacen labores agrícolas en zonas de páramos, en la mayoría de los casos las han desarrollado por varias generaciones. Así lo entendió la Ley de Páramos (1930 de 2018) que permitió su continuidad cuando son de bajo impacto, en tanto que prohibió las actividades agrícolas de alto impacto y pequeños mineros tradicionales.

Sin embargo la continuidad de la agricultura de bajo impacto en páramos se encuentra en vilo por una demanda contra esta ley, que espera resolver la Corte Constitucional mañana cuando aparece en primer lugar en el orden del día.

La Ley de Páramos está orientada a construir las bases de una política pública en materia de conservación de los ecosistemas entendiendo la integralidad de estos y su importancia por los servicios ecosistémicos que prestan.

Se ha dicho que esta ley se convierte en una herramienta útil para avanzar en la protección de los páramos y acude a un enfoque socio- ecosistémico e integral que contempla, tanto la información técnica de la definición y delimitación de estos ecosistemas, como la inclusión y participación de las comunidades paramunas.

La Ley también posibilita una mayor disponibilidad de recursos para la gestión integral de los páramos, pues faculta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para buscar cofinanciación a los proyectos, a través de la cooperación internacional y el Impuesto Nacional al Carbono.

Igualmente, promueve y facilita la construcción de mecanismos que buscan responder a la necesidad de generar alternativas productivas para los habitantes de los páramos, que permitan garantizar su permanencia en las áreas delimitadas mediante su vinculación a la conservación y sostenibilidad ambiental de estos ecosistemas, como una nueva economía basada en alternativas productivas sostenibles que sustituyan las actividades prohibidas en los páramos.

Asimismo, la norma, también permite definir las condiciones para la delimitación, fuentes de financiación y mecanismos de monitoreo, evaluación, vigilancia y control, que serán desarrollados por los habitantes presentes en estos ecosistemas estratégicos y quienes tendrán la oportunidad de convertirse en gestores de páramos.

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En cuanto a la citada demanda está dirigida contra el artículo 10 de la Ley, el cual establece que los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía y sus entidades adscritas, en coordinación con las Corporaciones Autónomas Regionales concurrirán para diseñar, capacitar y poner en marcha programas de sustitución y reconversión de las actividades agropecuarias de alto impacto y pequeños mineros tradicionales que se venían desarrollando con anterioridad al 16 de junio de 2011, y que se encuentren al interior del área de páramo delimitada, con el fin de garantizar su conservación y el suministro de servicios ecosistémicos.

También establece dicho artículo que “podrá permitirse la continuación de las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en las zonas de páramo delimitados, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de los páramos”·

Sin embargo para el accionante esta disposición es contraria a la Constitución porque “desconoce el deber estatal de proteger la diversidad e integridad del ambiente y conservar las áreas de especial importancia ecológica”.

Intervenciones

La Corte Constitucional ha reconocido que el Estado tiene a su cargo una obligación en lo relativo a la protección de los páramos en atención a su vulnerabilidad, fragilidad y dificultad de recuperación de los ecosistemas.

Producto del estudio de esta demanda la Corte llevó a cabo una audiencia pública en la que participaron ministerios, organizaciones sociales y económicas que  entregaron sus apreciaciones a favor o en contra de la permanencia de la agricultura de bajo impacto en los páramos delimitados. A ello se suma un concepto que dio la Procuraduría General de la Nación. 

Todos estos insumos fueron analizados por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar para la ponencia que presentó, alrededor de la cual la Corte dará la discusión acerca de la exequibilidad o no de esta norma.

La Procuraduría concluyó que el inciso tercero del artículo 10 de la Ley 1930 de 2018 no es contrario al mandato constitucional de protección al medio ambiente, pues la norma acusada prevé medidas orientadas a la protección efectiva de los ecosistemas de páramos.

Mientras que en la intervención del Instituto de Investigación Alexander Von Humboldt, la directora general sostuvo que si bien es cierto que existen estudios que evidencian la fragilidad de los páramos, en donde cualquier actividad implica un grado de afectación, hay prácticas que por su bajo impacto y por su adaptación o adecuación a estrictos modelos de desarrollo sostenible y de respeto por el medio ambiente, se pueden continuar realizando.