Debido a la suspensión de la actuación procesal, porque no se ha agotado el trámite de la recusación que a finales de julio pasado impetró Álvaro Uribe a los integrantes de la Sala de Instrucción 2 de la Sala de Casación Penal, el magistrado investigador de la Corte Suprema de Justicia aplazó este viernes las indagatorias al expresidente así como al representante Álvaro Hernán Prada, quienes son investigados por presuntamente haber incurrido en los delitos de soborno y fraude procesal en un aparente caso de falsos testigos. Estas diligencias estaban programadas para los próximos lunes y martes, respectivamente.
Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia indicó en un comunicado que “tan pronto sean legal y judicialmente resueltos los cuestionamientos de la defensa” de Uribe “por parte de tres magistrados distintos a los recusados, los magistrados en quienes recaiga la competencia para continuar la investigación, deberán responder previamente dos solicitudes: una de nulidad del proceso, formulada” por Prada, “y otra de reconocimiento como parte civil presentada por el senador Iván Cepeda”.
Asimismo, al recibir de la Fiscalía General de la Nación los registros de audio y los últimos informes de las interceptaciones telefónicas a las personas allegadas a Uribe Vélez que contactaron en la cárcel al paramilitar Juan Guillermo Monsalve para que, supuestamente, se retractara de las afirmaciones que vinculan al exmandatario con delitos, la Sala de Casación Penal terminó esta semana la entrega de todo el material probatorio recaudado a los abogados de los dos congresistas, para que ejerzan debida e integralmente su derecho de defensa al rendir explicaciones en las indagatorias y lo que reste del proceso.
En estas circunstancias, la Corte mantendrá suspendidas las actuaciones dentro de la investigación penal abierta por los delitos de soborno y fraude procesal contra el senador Uribe y el representante Prada.
“En su momento, corresponderá a los funcionarios competentes fijar nuevas fechas para indagatorias y práctica de pruebas”, señaló el alto Tribunal.
El pasado 29 de julio, la defensa de Uribe recusó para que se declaren impedidos en este caso a los magistrados que lo investigan de la Sala de Instrucción II de la Corte: Luis Hernández, José Luis Barceló y Fernando Alberto Castro.
Los argumentos que presentó el Senador del partido Centro Democrático fueron que supuestamente hubo conductas irregulares que afectaron su defensa, como habría sido el hecho de que algunos periodistas tuvieron acceso a información que se suponía solo estaba en poder de funcionarios de la Corte. "Eso impide a Uribe defenderse", indicó el abogado Jaime Granados.
Ante esto, Uribe se refirió a la magistrada auxiliar del togado Barceló. Se trata de Sandra Yepes, quien según el expresidente es una “fuerte adversaria" suya. Añadió que la investigadora había trabajado con el magistrado Iván Velásquez, quien ha sido su contradictor desde cuando eran estudiantes universitarios.
El también líder natural del Centro Democrático aseguró que no ha manipulado testigos sino que como en el caso de Monsalve, ofrecieron a través de allegados suyos cambiar testimonios mentirosos en su contra.
Retractación
No obstante a principios de esta semana y en una sorpresiva decisión, el senador Uribe anunció que desistía de la recusación que presentó contra los tres magistrados que lo investigan de la Sala de Instrucción II de la Corte Suprema de Justicia.
“De la recusación a los magistrados que me investigan, que se propuso hace varias semanas, pediré mantener fecha de indagatoria y que sea pública”, precisó en esa oportunidad, para luego añadir que “nunca tengo ánimo de dilatar, tengo responsabilidades con la opinión pública además de los deberes ante la justicia”.
No obstante, según lo explicó este viernes la Corte, el desistimiento de Uribe no es analizado, pues en este momento los magistrados Eugenio Fernández, Patricia Salazar y José Francisco Acuña están estudiando los argumentos que en días pasados presentaron los togados recusados, quienes no aceptaron el recurso del expresidente y reafirmaron su condición de investigadores imparciales en este proceso. Posteriormente, los juristas en quienes recaiga la competencia para continuar la investigación, deberán responder las solicitudes de nulidad y de reconocimiento