Una investigación preliminar le abrió la Corte Suprema de Justicia al senador Álvaro Uribe, del Centro Democrático, por el caso de perfilamientos a periodistas y dirigentes políticos.

Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, las interceptaciones ilegales que ejecutaron durante varios meses del año pasado algunas unidades del Ejército a más de 130 ciudadanos, fueron destapadas por la revista Semana, a partir de lo cual las Fuerzas Militares iniciaron una investigación disciplinaria, compulsaron copias a la Fiscalía e informaron a la Procuraduría.

La información habría llegado como un anónimo a través de un correo electrónico, del cual se está verificando la autenticidad, informando que el senador Uribe sería el presunto receptor de los perfilamientos.

En sus redes sociales, la Corte publicó que “con base en denuncia, la Sala de Instrucción” le abrió indagación previa a Uribe “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”.

“Anónimo cobarde”

Uribe calificó como un “anónimo cobarde” la información que dio lugar a la apertura de la indagación.

“Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas. Por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada que tiene el caso del hacker, que viene desde 2014”, trinó Uribe.

“La Corte que todo lo filtra debería explicar por qué hay dos investigaciones en mi contra por un anónimo cobarde”, agregó.

Por los mismos perfilamientos ilegales, la Corte había llevado a cabo una diligencia de inspección en el batallón de contrainteligencia del Ejército en Facatativá, Cundinamarca.

La Corte también ha ordenado práctica de pruebas, que incluyen testimonios que vinculan al senador Uribe.

El magistrado Héctor Alarcón, presidente de la Sala y ponente del caso, le solicitó información a la magistrada Cristina Lombana, quien en diciembre adelantó acciones de policía judicial junto con la Procuraduría en el batallón de contrainteligencia.

Con esta indagación, Uribe suma dos investigaciones en su contra. La primera por presunta manipulación de testigos, que está en el despacho del magistrado César Reyes, y esta por los denominados perfilamientos.

Por esos mismos hechos, la Procuraduría llamó a audiencia de juzgamiento disciplinario a dos generales en retiro, cinco coroneles, tres mayores, un teniente y dos suboficiales adscritos a la Jefatura del Estado Mayor Operaciones, el Comando de Apoyo Combate Inteligencia Militar, Comando Brigada #1 de Inteligencia Militar y los batallones de Ciberinteligencia, Inteligencia Militar Estratégico #4 y de Contrainteligencia de Seguridad de la Información.

Hasta Duque

Hace un mes, al tiempo que el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, rechazó que algunos integrantes del Ejército chuzaran las comunicaciones y monitorearan de forma ilegal a líderes políticos, periodistas y organizaciones no gubernamentales, dijo que es igual de reprobable que se hicieran a la Casa de Nariño, que incluso podrían haber llegado al despacho del presidente Iván Duque.

Por ello ofreció su colaboración a la Fiscalía y la Procuraduría, a su vez pidió llegar hasta el fondo para encontrar toda la verdad.

Días antes, el Ministro de Defensa había anunciado que fueron apartados del cargo y se retirarán del servicio activo 11 oficiales, asimismo, un brigadier general solicitó su retiro voluntario

Trujillo dijo que la publicación de Semana “es de inmensa gravedad. Muy grave lo que se ha denunciado contra periodistas, líderes políticos, organizaciones no gubernamentales”.

Añadió el funcionario que “nos parece también muy grave que se haya hecho un perfilamiento del doctor Jorge Mario Eastman, quien para ese momento se desempeñaba como secretario general de la Presidencia de Colombia. Es de extrema gravedad que estas acciones hayan llegado hasta la Casa de Nariño o el mismo despacho del señor Presidente de la República”.

Piden rectificar

De otra parte,la firma de abogados De La Espriella Lawyers Enterprise anunció que le pedirá a Daniel Mendoza, realizador de la serie Matarife, que se difunde por redes sociales, rectificar sus señalamientos, calificando a la producción audiovisual como “un espacio difamatorio” que daña el derecho a la honra y buen nombre del expresidente Uribe.

A través de un comunicado, el bufete anunció que “un equipo de esta firma, encabezado por los abogados Abelardo de la Espriella, Carlos Sánchez y Mauricio Maestre emprenderá los procesos judiciales a que haya lugar contra todos los partícipes en dicha causa difamatoria, con apego a la Constitución y a la Ley”.

Hay que recordar que, según Mendoza, la serie sería una especie de recurso legal por la difamación que habría emprendido Uribe contra el periodista Gonzalo Guillén.