Documentos de la Corte Suprema de Justicia, conocidos ayer, demostrarían que la equivocación en que cayó al ordenar interceptar un número celular que resultó ser del expresidente Uribe, se produjo porque el mismo fue proporcionado por el representante a la Cámara, Nilton Córdoba Manyoma, en el marco de una investigación que el alto Tribunal le abrió en 2016.
El parlamentario del Partido Liberal dijo el pasado martes: “Juro por mi madre, por mi abuela que es el ser humano que más he querido en esta tierra, y le juro por el Creador de este mundo, que es Dios, que nunca he entregado ese número telefónico”.
No obstante, documentos de la Corte muestran que desde 2016 ha venido notificando de los procesos en su contra a un número celular que resultó ser el del expresidente Álvaro Uribe, sin que Córdoba dijera nada por este error.
Un documento de la Corte reseña que el 11 de febrero de 2016 se le informó al Representante que tendría versión libre el 6 de abril del mismo año por un proceso en su contra. La notificación de esa diligencia le fue enviada a la línea celular que figura a nombre del parlamentario, que como se señaló, realmente pertenecía al senador Uribe.
Igualmente este número de contacto figura en otras notificaciones a Córdoba Manyoma enviadas el 31 de marzo de 2016; 6 de abril de 2016; 21 de septiembre de 2016; 1 de noviembre de 2016 y 12 de octubre de 2016. Lo mismo sucede con las tres notificaciones hechas al Congresista del Partido Liberal durante 2017.
“En la Secretaría aparecen esos teléfonos a través de los cuales se les notifica. Entendiendo que eran del representante Nilton Córdoba, se inició el proceso telepático, pero la sorpresa fue que después nos notifican que uno de esos números era del senador Uribe”, apuntó el presidente de la Corte, magistrado José Luis Barceló.
Agregó el togado, que “la Corte no interviene de manera ilegal, si lo hace es de acuerdo a los protocolos legales que establece la ley y así lo ha cumplido".
Córdoba aseguró que "mi contacto con la Corte en este proceso fue en el mes de mayo y la Corte dice haber interceptado el teléfono del doctor Uribe Vélez en el mes de abril, cuando tuve el contacto ellos ya tenían el teléfono del doctor".
Al final de la semana pasada, la Corte Suprema aceptó que interceptó, "por error", la línea telefónica del expresidente Uribe, no obstante destacó que al momento de caer en cuenta de la equivocación ordenó suspender estas escuchas. Sin embargó, el alto Tribunal adelantó que conservó la información que se obtuvo, en este caso para la investigación que se lleva a cabo contra el exmandatario y el representante a la Cámara, Álvaro Hernán Prada, por una presunta manipulación de testigos.
La explicación de la Corte por esta confusión se dio producto de un derecho de petición que presentó el senador Uribe, a través del cual insiste en que se le informen las razones que sustentaron la interceptación de ese número celular.
Tras la admisión de la Corte, el senador Uribe señaló que "no me molesta que me intercepten", haciendo énfasis además en que él más que nadie está decidido a que recaben pruebas que llevarán a demostrar su honorabilidad.
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Consecuencias
Esta semana el representante Ricardo Ferro radicó ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia contra los magistrados de la Corte Suprema que por 'error' interceptaron la línea celular del senador Álvaro Uribe Vélez.
En tanto que el pasado miércoles, la defensa del exmandatario anunció que acudirá a instancias internacionales, con el objetivo de tratar el caso de estas interceptaciones.
"Resulta inaudito que la Corte Suprema de Justicia haya tenido interceptado durante un mes al expresidente Álvaro Uribe por un supuesto error", señaló en un comunicado el abogado Jaime Granados.
Agregó que “es desconcertante que la institución se pronuncie sobre el tema con la mayor tranquilidad, cuando se trata de una clara muestra de las irregularidades del proceso. La Corte Suprema de Justicia debe velar por el más estricto cumplimiento del debido proceso y, claramente, 'interceptar por error' constituye una falta gravísima a esta obligación".