La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría avanzan rápidamente en las investigaciones por presuntas irregularidades en el manejo de recursos para atender la pandemia. Es un hecho inédito, no solo porque conformaron un bloque sino porque en el país la sanción de la corrupción por lo general se mueve a paso de tortuga

El pasado lunes entregaron nuevos resultados la Fiscalía, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación de las investigaciones que adelantan a mandatarios regionales, además de otros funcionarios por presuntas irregularidades que se habrían presentado en el manejo de recursos para enfrentar la crisis por la pandemia.

Hay quienes les dicen los ‘Tres Mosqueteros’, no por sorna sino más bien con admiración porque el país no había visto nunca antes que los organismos de control se unieran de esa manera contra la corrupción y que se entreguen resultados tan pronto.

En el marco del Estado de emergencia económica, social y ecológica al que acudió el presidente Duque para atender la crisis por el nuevo coronavirus se expidieron más de 70 decretos, varios de los cuales tienen que ver con traslados de recursos para fortalecer el sistema de salud con más camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), equipos, dotación de bioseguridad para el personal hospitalario y pago de carteras vencidas para dar liquidez a los hospitales.

Sin más, el Gobierno anunció una inyección cercana a los $6 billones al sector salud. Pero también, ha girado recursos para socorrer a la gente durante la cuarentena, en donde la seguridad alimentaria quedó en suspenso porque la gente pierde su empleo o la mayoría no puede salir a trabajar.

Así se ha visto a través de giros extraordinarios de subsidios de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y ayudas del denominado Ingreso Solidario dirigido a la población que no recibe ningún beneficio económico del Estado.

Por su parte, gobernaciones y alcaldías, también por el Estado de emergencia, tienen carta  blanca para contratar directamente la adquisición de insumos para la salud y dotación de hospitales. También para entregar ayudas a la población, especialmente con mercados.

En ese escenario están fluyendo a nivel nacional billonarios recursos para atender la crisis producto del Covid-19, al menos $20 billones, lo cual es demasiada tentación en Colombia, en donde la corrupción es uno de los principales problemas.

Ello llevó al procurador Fernando Carrillo, el fiscal Francisco Barbosa y el contralor Carlos Felipe Córdoba a conformar un bloque anticorrupción que está avanzando en las investigaciones, se podría decir, casi en tiempo real. Incluso, ya hay capturas como se vio la semana pasada en el caso de los alcaldes de Guaduas y Palocabildo.

Hecho atípico

Los tres entes de control ya han trabajado de la mano en otras oportunidades frente a casos emblemáticos de corrupción, como los sobrecostos en la repotenciación de la Refinería de Cartagena y las millonarias coimas que pagó, a políticos y funcionarios, la multinacional Odebrecht para asegurarse que le adjudicaran contratos de obra pública, el caso de la Ruta del Sol II.

No obstante, era inédito que la Procuraduría General, la Contraloría General y la Fiscalía conformaran un bloque contra la corrupción, como se ha visto en esta oportunidad para evitar que los corruptos hagan un festín con las platas nacionales, regionales y las ayudas internacionales para enfrentar la grave situación generada por el nuevo coronavirus.

También es atípico que se den resultados tan rápido en Colombia en la lucha contra este flagelo, pues por ejemplo, tras más de tres años no se han cerrado las investigaciones y son pocas las condenas por los escándalos de Reficar, Odebrecht e Inverbolsa, así como en el caso de la justicia por el ‘Cartel de la Toga’.

De igual forma, desde la sociedad civil siete organizaciones (Transparencia por Colombia, Alianza por una Cali más Transparente y Participativa, Comité Transparencia por Santander, Cordupaz, Corporación Cívica de Caldas, Corporación Vigía Cívica, Pereira y Funcicar) han sumado esfuerzos en la iniciativa ‘Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos Covid-19’, para hacer un seguimiento a los procesos de contratación de bienes y servicios destinados a la atención de la crisis en 7 regiones del país: Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Bogotá.

Las investigaciones

Por el lado de la Fiscalía imputará y solicitará medidas de aseguramiento contra 10 alcaldes, citará a interrogatorio en calidad de indiciados a 3 burgomaestres más y a 3 gobernadores por múltiples delitos, entre ellos, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales, y diversos tipos de peculado. Otras 32 personas serán imputadas por presunta corrupción durante la emergencia por el Covid-19.

La Fiscalía General de la Nación verificó más de 3.00 contratos suscritos desde la declaración de la emergencia económica y social, realizó 189 acciones investigativas y 393 inspecciones, y cumplió 264 órdenes de policía judicial en los 32 departamentos del país. En este momento hay 68 indagaciones abiertas y se hicieron 15 compulsas de copias a los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia.

El alcalde Armenia (Quindío), José Manuel Ríos Morales, está entre los burgomaestres que la Fiscalía anunció que imputará y solicitará medida de aseguramiento.

En tanto que la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia citó a interrogatorio en calidad de indiciados los gobernadores de San Andrés, Everth Hawkins; Arauca, José Facundo Castillo y Guaviare, Heydeer Palacio.

Por su parte, la Procuraduría adelanta 512 procesos disciplinarios por presuntas irregularidades en 26 gobernaciones y 272 alcaldías en la emergencia sanitaria por Covid-19.

El órgano de control tramita 999 procesos disciplinarios, de los cuales en 512 se ha tomado una decisión procesal y en otros 487 se avanza en el estudio preliminar de los hechos. Para el pasado 24 de abril, la Procuraduría, como parte del programa ‘Transparencia para la emergencia’, había iniciado 123 expedientes disciplinarios.

De los 512 procesos disciplinarios, 68 tienen relación con 26 gobernaciones. 53 están en indagación, 12 en investigación y 3 en juicio disciplinario.

En tanto que por un presunto sobrecosto del 100% en la adquisición de 1.322. 700 tapabocas convencionales por parte de la Armada Nacional, la Contraloría General de la República abrió un proceso de responsabilidad fiscal por $992 millones contra el comandante de la Base Naval ARC Bogotá, capitán de Navío Jaime Gómez González; la directora de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta misma unidad, capitán de Fragata Magda Constanza Moreno Doncel; y el representante legal de la empresa contratista Medivalle SF SAS, Anderson Gaminera Angulo.