La vigilancia que hace la Contraloría General de la República al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todos los planteles públicos del país y a la inversión en infraestructura que se hará en 231 colegios en 26 departamentos, por cerca de $10 billones, tendrá ahora un aliado en los estudiantes de educación superior, producto de una alianza que firmó ayer este organismo con la Red Universitaria Anticorrupción Reduva.

La “Alianza por el Control Social” permitirá que los universitarios sean veedores del buen uso de los recursos y los bienes públicos y se articulen con la Contraloría General de la República para identificar y proponer soluciones a problemáticas en el programa PAE, así como la ejecución de obras vitales que presentan dificultades, como los proyectos de infraestructura educativa.

Para hacer efectiva la contribución de los ciudadanos y de las organizaciones sociales en el control y vigilancia de la gestión pública, la Contraloría se une a la Reduva posibilitando la unión entre el máximo órgano de control fiscal del país, con el control que hacen los ciudadanos y en particular esta organización que pretende educar a la población colombiana en principios y valores para crear una cultura en torno a la transparencia, el valor por lo público y el deber social con el país”, destacó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.

“Estos estudiantes que visibilizan tanto los actos de corrupción, como las buenas prácticas, para que la ciudadanía tome conciencia de la situación actual del país y se motive a luchar contra la corrupción, son fundamentales en el Control Fiscal que adelanta la entidad, puesto que necesitamos motivar, promover, formar y garantizar una participación activa y comprometida de la ciudadanía para vigilar el manejo de lo público”, añadió.

En este caso se articularán el control ciudadano de estudiantes universitarios y el control fiscal específicamente para identificar y solucionar problemáticas en el PAE y la estrategia Compromiso Colombia con la que la Contraloría General de la República acompañará, a las entidades y a la ciudadanía, en la ejecución de obras vitales de infraestructura y proyectos que presentan dificultades y que son fundamentales para el país. Se trata de obras que alcanzan los $10 billones.

“Junto a la Reduva le haremos seguimiento al acuerdo que hemos promovido con el Fondo de Infraestructura Educativa-FFIE, con el cual vamos a acompañar a la ciudadanía afectada por la construcción de 231 colegios en los departamentos de: Boyacá, Córdoba, Cundinamarca, Bolívar, Huila, Quindío, Cauca, Chocó, Valle, Arauca, Antioquia, Cesar, Guainía, La Guajira, Risaralda, Sucre, Santander, Meta, Casanare, Atlántico, San Andrés, Tolima, Caldas, Nariño, Amazonas y el Distrito Capital”, precisó el Contralor Delgado para la Participación Ciudadana.

La Red

Desde el Centro de Investigaciones, la Reduva adelanta una investigación sobre las posibles causas y factores que perpetúan formas de corrupción dentro del PAE.

En el desarrollo de dicha investigación y en la revisión de literatura académica, han encontrado tres ejes que consideran pertinentes para su estudio y análisis a la hora de abordar las causas de la corrupción dentro del programa: la etapa precontractual, la ejecución y la veeduría ciudadana.

En ese sentido, con base a lo identificado y teniendo como punto de referencia la experiencia de una ciudad y un municipio exitoso, buscan proveer recomendaciones de política pertinentes a las instituciones responsables para mitigar esas formas o fenómenos de corrupción dentro del Programa.

Además, buscan identificar o diseñar los mecanismos o incentivos necesarios para fortalecer la veeduría ciudadana, basado en soluciones tecnológicas e innovadoras que propendan a la generación de pertinencia y valor por lo público.

Más de dos billones de pesos se están destinando este año para financiar el PAE, que permite dar desayunos, refrigerios y almuerzos a más de 5,6 millones de estudiantes de escuelas y colegios públicos en todo el país. Se trata de uno de los programas de mayor impacto social y, por ende, de los que requieren una vigilancia más extrema y detallada por parte del Gobierno, los entes de control, las administraciones departamentales y municipales así como de las propias instituciones educativas, veedurías ciudadanas, gremios y las asociaciones de padres de familia.

Varios hechos han mostrado que el PAE se convirtió en los últimos años en uno de los principales botines de las mafias de corrupción, politiquería y contratación ilegal en varias zonas del país. Son cuantiosos los recursos que se han perdido así como incontables los escándalos por el suministro de alimentos.