La Contraloría General de la República confirmó la cesación de la acción fiscal y el consecuente archivo de un proceso de responsabilidad que adelantaba contra Electricaribe y 6 subcontratistas, al determinar que la empresa reintegró a la Dirección del Tesoro Nacional recursos en cuantía de 22.214 millones de pesos.
Este valor corresponden al Programa de Normalización de Redes Eléctricas (PRONE) y al Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas (FAER).
Estos dineros habían sido desembolsados por el Ministerio de Minas y Energía a Electricaribe, con el fin de legalizar usuarios y adecuar redes eléctricas, así como ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de la Costa Caribe.
La cesación se da teniendo en cuenta que Electricaribe cumplió con el objetivo social de la contratación en 4 de los 7proyectos investigados; es decir, que energizó y normalizó el servicio de energía eléctrica en barrios subnormales de la Costa Caribe.
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La recuperación de recursos se dio dentro de los procesos de liquidación de los Convenios PRONE y Contratos FAER, de los cuales hacen parte estos 7 proyectos investigados por la Contraloría General de la República, en los que Electricaribe ha reintegrado recursos en cuantía total de 22.214.213.396,61 pesos.
Sin embargo, aún está pendiente de liquidación el Contrato PRONE GSA 157-2012, el cual tiene asociados 134 proyectos, proceso que se encuentra adelantando el Ministerio de Minas y Energía con Electricaribe en Liquidación.
Irregularidades en la ejecución contractual.
El daño patrimonial, se relaciona con irregularidades en la ejecución de 7 contratos celebrados por Electricaribe con personas naturales y jurídicas, en desarrollo de Convenios PRONE y Contratos FAER, cuyo fin era legalizar los usuarios y adecuar las redes eléctricas conforme los reglamentos técnicos vigentes, en los barrios subnormales de la Costa Caribe y ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía eléctrica y satisfacer la demanda en las zonas del Sistema Interconectado Nacional –SIN en zonas rurales de la Costa Caribe.
En su momento, se determinó que la vigencia de los contratos se encontraba vencida y se había realizado desembolso de recursos al contratista por concepto de anticipo sin que los proyectos se hubieran ejecutado a cabalidad, dejando de lado los fines de dicha contratación, razón por la cual se determinó un daño patrimonial en cuantía de 6.078 millones de pesos.