La Contraloría General de la República tiene la lupa puesta sobre el contrato interadministrativo suscrito por la Gobernación del departamento de San Andrés con la Empresa de Servicios Públicos de Sabaneta E.S.P. por valor de $1.550 millones para las obras de montaje y desmontaje del alumbrado navideño en medio de la emergencia por el paso del huracán Iota.
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El objeto del contrato establece que se trata de “la prestación del servicio de arrendamiento, transporte, instalación, operación, montaje y desmontaje del alumbrado navideño en la isla de San Andrés para el año 2020”.
El acuerdo, que ya está en ejecución, tiene vigencia desde el primero de diciembre y hasta el 31 del mismo mes y se pagará en dos cuotas: un adelanto del 40% correspondiente a $620 millones que ya desembolsó la Gobernación de San Andrés, y el restante 60% equivalente a $930 millones que se pagará al final del contrato.
Según trascendió este jueves, tanto el gobernador de las islas, Alen Leonardo Jay Stephens, y su secretaria general, Martha Patricia Moreno Rojas justificaron la pertinencia del contrato argumentando que tras los destrozos que dejó el huracán Iota a su paso por el archipiélago, los coletazos del huracán Eta y la pandemia de covid-19 “es necesario liderar programas de reactivación económica”.
Agrega el documento que el alumbrado navideño tiene como propósito “la reactivación económica y del turismo, la integración de la población de las islas, la competitividad y el reconocimiento regional, como polo de desarrollo turístico”.
Por ello, el organismo de control fiscal designó una comisión permanente de verificación que realiza una visita especial a las instalaciones de la Gobernación para recaudar información sobre la pertinencia de la suscripción de dicho contrato.
Contraloría en las islas
“Con sorpresa nos hemos dado cuenta de la suscripción de este contrato millonario en medio de una emergencia en la que cientos de habitantes de Providencia no tienen techo donde resguardarse de la lluvia”, indicó el contralor delegado para la Participación Ciudadana, Luis Carlos Pineda Téllez.
La CGR informó que en ejercicio de sus funciones de control preventivo y concomitante, las acciones de verificación fiscal se realizan con la Gerencia para la Reconstrucción y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y las entidades territoriales.
“Estamos requiriendo todos los datos e información sobre los hechos identificados en los que se involucran recursos públicos, que podrían afectar posiblemente intereses patrimoniales de naturaleza pública, en medio de una emergencia”, explicó el funcionario.
Y es que la Contraloría General realiza especial seguimiento a los recursos destinados por el Gobierno nacional por más de $170 mil millones para atender las emergencias y desastres en el país, de los cuales inicialmente $70 mil millones han sido otorgados para la atención de la emergencia en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
A su turno, el representante a la Cámara de Cambio Radical, César Lorduy, quien reveló el contrato durante un debate de control político, aseguró: “Increíble que en plena época de recuperación por los efectos del huracán en todo el departamento de San Andrés, en el cual todavía hay gente durmiendo bajo la lluvia sin ninguna protección, otros clamando por una teja o por una carpa, y cientos más recorriendo el territorio en busca de algo de alimento, el Gobernador de San Andrés con una coraza que debe tener para poder ignorar el dolor y las lágrimas de sus coterráneos, les responde con unas bombillas de navidad”.
El huracán Iota a su paso por Providencia los pasados 15 y 16 de noviembre, destruyó 98% de su infraestructura dejó cuatro personas muertas y más de 1.200 familias damnificadas.
Frente al tema, el director de Seguimiento Regional de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana de la CGR, Daniel Restrepo, dijo que se está analizando toda la información que fue requerida a la Gobernación de archipiélago.
“De toda esa información hemos logrado concluir que ante la escasez de recursos es necesario priorizar la atención a la población vulnerable, especialmente de Providencia”.