La Contraloría General de la Republica requirió al Gobierno nacional asegurar los recursos financieros que permitan tener la certeza que en 2027 el DANE realizará el IV Censo Nacional Agropecuario, para contar así con información real de la agricultura y de las condiciones de vida de la población campesina del país.
El último Censo Agropecuario se realizó en 2014 y el anterior al mismo 40 años antes.
Recordó la Contraloría que con la no realización de un nuevo Censo se está incumpliendo con los términos de la Ley 2 de 1962 y la Ley 2335 de 2023, las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE y las directrices trazadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación - FAO, que establecen que cada 10 años es necesario realizar los Censos Agropecuarios para mejorar la disponibilidad y la calidad de la información agropecuaria.
Dicho Censo es fundamental en la toma de decisiones de política pública que apunten a resolver los problemas, no solamente del sector agropecuario, sino de los habitantes rurales más vulnerable de la población colombiana responsable de la seguridad alimentaria del país.
Faltan los recursos financieros requeridos
De acuerdo con lo informado por el DANE a la Contraloría Delegada para el Sector Agropecuario, el Gobierno nacional aun no dispone de los recursos financieros para la realización del IV Censo Agropecuario. Solo hasta 2027 se pretende iniciar con la planeación de este.
El DANE tiene toda la capacidad técnica para la ejecución del IV Censo Nacional Agropecuario, pero se requiere voluntad política y recursos financieros por parte del Gobierno, para hacerlo realidad, subrayó el ente de control.
Considera la CGR que los resultados del IV Censo Nacional Agropecuario, permitirán al Gobierno nacional avanzar en los siguientes aspectos:
- Disponer de información idónea para el diseño y la evaluación de las políticas públicas del sector.
- Proporcionar información actualizada y confiable para la asignación eficiente de los recursos públicos, orientados a resolver los problemas del sector agropecuario.
- Realizar seguimiento y monitoreo de las inversiones públicas y medir sus impactos en la población campesina.
- Focalizar la asignación de subsidios e incentivos a la población rural de acuerdo con la vulnerabilidad de los municipios desde el punto de vista administrativo y social, evitando la ampliación de brechas de pobreza y de inequidad entre regiones.
- Cumplir con la medición del estado de los compromisos adquiridos con organismos multilaterales como la FAO y la OCDE en lo relacionado a los datos esenciales en aspectos ambientales, sociales y de producción del sector agropecuario.