Fue una de las peores perpetuadas por los paramilitares en el marco del conflicto armado.

Se conmemoraron tres décadas de la masacre de Segovia, Antioquia, una de las peores que se produjeron a manos de los paramilitares, justo en un momento en que este fenómeno tomaba fuerza. En esa oportunidad 46 personas fueron asesinadas.

Para las familias y las organizaciones sociales, la verdad frente a los hechos ocurridos es fundamental para alcanzar una transición hacia la paz en el municipio, indicó el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Según el informe de este organismo, ‘Silenciar la democracia: las masacres de Remedios y Segovia (1982-1997)’, en el alto nordeste antioqueño se registraron 32 masacres entre 1982 y 2002.

Esta acción simbólica, organizada por los familiares de las víctimas, las organizaciones sociales y la Administración municipal buscó interpelar a la sociedad frente al asesinato de 46 personas.

La conmemoración inició con una eucaristía por el barrio La Madre en Segovia y sus participantes hicieron un recorrido histórico por las paradas en lugares donde fueron asesinadas las víctimas. En la plaza central también se hizo una jornada contra el olvido que incluyó la instalación de un foro, actos culturales y simbólicos.

“Hace 30 años los sueños por un cambio alternativo en el municipio de Segovia fueron interrumpidos por la violencia paramilitar. Los conflictos sociales producidos por el auge del oro a principios de los años 80 en la región, además de su acelerado crecimiento demográfico, derivaron en un movimiento social liderado por los sindicatos de la región”, explicó el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Añadió que desde 1986, con la apertura electoral fruto de la descentralización política del Estado, varios de estos movimientos sindicales, sociales y campesinos se unieron al partido de la Unión Patriótica (UP), transformándose en actores determinantes del proceso electoral y la protesta social. El partido de la UP logró ganar las alcaldías de Apartadó, Mutatá, Remedios, Yondó y Segovia en el departamento de Antioquia. Sin embargo, esto también les llevó a convertirse en blanco particular del escalamiento de la violencia del conflicto armado.

Desde que la UP alcanzó seis de las 10 curules en los respectivos concejos municipales de Segovia y Remedios a sus habitantes los tildaron de guerrilleros y comunistas. El punto más álgido de la violencia llegó el 11 de noviembre de 1988, “cuando una alianza criminal entre miembros de la Fuerza Pública, paramilitares del Magdalena Medio y políticos regionales bajo el nombre de “Muerte a Revolucionarios del Nordeste” (MRN) asesinó a 46 personas y según la comunidad dejó 60 más heridas y familias desplazadas, incluyendo a la alcaldesa de la UP en ese entonces, Rita Ivonne Tobón Areiza, quien se encuentra en el exilio, detalló el Centro Nacional de Memoria Histórica.

Justicia

Por estos hechos, la Corte Suprema de Justicia condenó a 30 años de prisión al exrepresentante a la Cámara por el Partido Liberal, César Pérez, quien según la sentencia se alió con miembros del Batallón Bomboná y del comando de Policía de Segovia, así como con los paramilitares de Fidel Castaño y Henry Pérez, este último exjefe de las Autodefensas de Puerto Boyacá, para cometer esta masacre luego de que su partido perdiera las elecciones del 86. En su momento fue condenado Fidel Castaño como determinador y dos civiles y cinco miembros de las Fuerza Pública por su participación en la planeación y ejecución de las amenazas y la masacre.

A pesar del dolor que han dejado las heridas de la guerra durante los últimos ocho años, la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana) y la Corporación Reiniciar vienen impulsando anualmente la conmemoración de este hecho, con el objetivo de seguir exigiendo la verdad sobre lo sucedido, para que así haya justicia, reparación y garantías de no repetición.