Fue confirmada la destitución e inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos al gobernador de Córdoba, Edwin Besaile, y a su antecesor Alejandro Lyons.

La Procuraduría General de la Nación anunció a través de un comunicado que los encontró disciplinariamente responsables de las irregularidades detectadas en los pagos de terapias a menores de edad en condición de discapacidad, en lo que fue denominado como el ‘Cartel del Síndrome de Down’.

La sala disciplinaria, en decisión de segunda instancia, probó que tanto Besaile como Lyons no ejercieron sus deberes de vigilancia y control sobre los actos que realizaban sus secretarios de Salud, Edwin Preciado y Jaime Pareja, quienes ordenaron estos pagos de terapias de rehabilitación a 2.181 menores de edad en condición de discapacidad, prestadas en el periodo comprendido entre diciembre de 2014 y agosto de 2015, por un valor de $4.988 millones, sin que hubiera una relación contractual entre el ente territorial y la entidad Funtierra Rehabilitación IPS.

Por ende, la sala también confirmó la destitución e inhabilidad por 11 años de los ex secretarios Preciado y Pareja que ordenaron el pago de dichas terapias.

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De acuerdo con el Ministerio Público, Preciado y Pareja explicaron que dichos pagos obedecían al cumplimiento de fallos de tutela. Sin embargo, el órgano de control señaló que aunque las decisiones judiciales debían ser acatadas, en este caso, las órdenes consistían en la obligación de prestar el servicio.

En este sentido, la Procuraduría ratificó la acusación a Besaile y Lyons de ordenar los pagos bajo el argumento de estar cumpliendo fallos de tutela, que decretaron la prestación del servicio omitiendo la celebración de un contrato previo que generara la obligación del pago.

En la decisión administrativa también se encontró justificada la tesis de que la Gobernación no se encontraba en una situación de urgencia que le impidiera planificar y adelantar el correspondiente proceso de contratación, teniendo en cuenta que conocía la necesidad que se venía presentando en los últimos años frente a la prestación del servicio y la reiteración de las tutelas.

La falta de Lyons, Besaile, Preciado y Pareja fue calificada como “gravísima a título de culpa gravísima, que según los artículos 46, 47 y 48 de la Ley 734 de 2002 es sancionada con destitución e inhabilidad general”, según explicó el Ministerio Público.

Por ahora, la comunicadora Sandra Devia seguirá como gobernadora encargada de Córdoba. Devia podría ser designada en propiedad porque hace parte de la terna que envió el Partido Social de Unidad Nacional (La U) al Gobierno para que haga la elección de un funcionario que asuma la dirección de esta región.