Multas por $130 mil millones al exalcalde Gustavo Petro fueron ratificadas por la Contraloría de Bogotá. La sanción fue por provocar un detrimento a la ciudad. Las dos multas tienen que ver con el aseo en la capital, una de ellas porque prácticamente dejó tirados 116 compactadores y no aplicar el régimen de competencia.
Aunque el exalcalde y hoy Senador aseveró que la determinación de la Contraloría corresponde a una persecución política, el proceso se inició en la administración pasada.
Mientras el senador Petro anunció una movilización por la determinación, el contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, aseguró que no está impedido para tomar decisiones contra el exmandatario bogotano porque después de la recusación, la Procuraduría General de la Nación no encontró ningún impedimento y por eso siguió con el proceso abierto desde el 2012. Por estas circunstancias el ente de control de la capital del país ratificó las sanciones por juicio fiscal.
La multa impagable puesta hoy por el Contralor busca quitarme los derechos políticos, de acuerdo al cambio de doctrina que hicieron 5 magistrados de la corte constitucional.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 20 de noviembre de 2018
Solicito a todos los nodos de la ColombiaHumana organizar la movilizacion para el 28 de noviembre
Las dos multas ratificadas, por el caos de las basuras, sumarían más de $130.000 millones y limitarían las futuras aspiraciones políticas de Petro, pues la Corte Constitucional ha determinado que no es posible posesionarse en un cargo de elección popular si existe una sanción de tipo fiscal pendiente.
Otra de las multas que tiene el Senador de la oposición es por el caso de las acciones de TGI y que se encuentra en estudio por parte del Consejo de Estado que en las próximas semanas tomará una decisión.
Decisiones
Desde el miércoles en la sesión del Congreso de la República, el exalcalde insistió en las sanciones corresponden a retaliaciones políticas y en su cuenta de Twitter, ayer, respondió desacreditando al contralor Granados por el caso de Odebrecht.
Para el Contralor la primera decisión contra Petro por $40 mil millones es porque adquirió 218 vehículos compactadores para recoger el 100% de las basuras en Bogotá, pero como no tuvo una buena planeación y solo pudo abarcar con Aguas Bogotá el 52% de la ciudad, se utilizaron 102 vehículos y los restantes 116 se encuentran ‘tirados’ en un parqueadero totalmente deteriorados y nunca fueron utilizados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (Eaab) para hacer la recolección de basuras.
Quien deberá responder al fisco del Distrito Capital por $40.000 millones por el uso de los camiones comprados para el aseo, además de Petro como alcalde y presidente de la Junta Directiva del Acueducto, está el gerente de ese entonces Diego Bravo Borda.
La otra multa por $90 mil millones es porque en el momento en el que contrató el nuevo esquema de aseo para la capital no aplicó la libre competencia como ordena la Constitución. Este fallo fue impuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio y ratificado ayer por la Contraloría de Bogotá.
Por este segundo caso deberán responder solidariamente, además del exalcalde, Alberto Melarno y Diego Bravo como gerentes del Acueducto y Gerardo Ardila, María Mercedes Maldonado y José Orlando Rodríguez como miembros de la Junta Directiva del Acueducto. Asimismo se cobija a Nelly Mogollón, directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Público (Uaesp) y Henry Romero Trujillo, director encargado.
Otra de las multas corresponde al caso de las acciones de TGI y que se encuentra en estudio por parte del Consejo de Estado que en las próximas semanas tomará una decisión.
El último recurso que tienen los implicados es solicitar el control jurisdiccional para la revisión de los fallos de segunda instancia. Podrían terminar en el Tribunal de Cundinamarca y en el Consejo de Estado.