La contundencia del material probatorio aportado por un fiscal adscrito a la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos (DECDI), permitió que un juez de conocimiento de Bogotá condenara a ocho años de prisión a Ada Luz Pérez Ayola.
Según la investigación, la sentenciada hizo parte de una organización ilegal que en 2017 hurtó más de 1.135 millones de pesos del presupuesto del municipio de Gama (Cundinamarca).
El material de prueba evidenció que Pérez Ayola junto con otras personas ingresó fraudulentamente a los sistemas informáticos de la tesorería municipal para instalar un programa malicioso que les permitió acceder a una serie de claves con las que extrajeron la referida suma mediante cuatro transacciones.
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La evidencia física acreditó que por este hecho ilegal la ahora sentenciada recibió más de 421 millones de pesos en dos consignaciones realizadas el 27 y el 31 de julio de 2017. Dicha suma fue retirada de una entidad bancaria en Cartagena.
La procesada fue encontrada responsable de los delitos de acceso abusivo a un sistema informático agravado, y hurto por medios informáticos y semejantes agravado. Los cargos fueron aceptados.
Además de la condena impuesta, Pérez Ayola deberá pagar una multa equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).