A partir del próximo 6 de diciembre los servicios ecoturísticos del Parque Tayrona serán operados directamente por Parques Nacionales Naturales, así lo indicó ayer la entidad.

Ello debido a que finaliza el contrato con el operador privado, aunque una licitación, que no ha estado ajena de polémicas, sigue su curso y se espera que sea adjudicada a otro consorcio en enero próximo por 23 años.

La concesión que finaliza el próximo 5 de diciembre es con la Unión Temporal Concesión Tayrona, conformada por la Agencia de Viajes y Turismo Aviatur, la Cámara de Comercio de Santa Marta y Pasarolla Tours Ltda., la cual se suscribió en julio de 2005 por un término de 10 años.

Parques Nacionales Naturales de Colombia informó en un comunicado que mientras que se adjudica la concesión “los visitantes podrán disfrutar de la magia del Parque Tayrona, pero no se brindarán los servicio de hospedaje en los ecohabs ubicados en el sector de Cañaveral, de las cabañas y el camping ubicados en el sector de Arrecifes y de los restaurantes de dichas zonas, operados actualmente por la Unión Temporal Concesión Tayrona”.

La entidad recordó que durante 2020 el Parque Tayrona tendrá tres recesos enmarcados en la estrategia Respira Tayrona, concertados con los cuatro pueblos indígenas de la Sierra Nevada en las siguientes fechas: 1 al 29 de febrero (en la época de Kugkui shikasa), 1 al 15 de junio (en la época de Saka juso), 19 de octubre a 2 de noviembre (en la época de Nabbatashi).

La licitación

El pasado 19 de septiembre Parques Nacionales Naturales de Colombia dio apertura de la licitación pública No. 0015 – 2019 para la concesión de los servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Natural Tayrona y el Vía Parque Isla de Salamanca.

Esta licitación comprende diferentes servicios relacionados con la prestación de servicios ecoturísticos y la dotación, adecuación, mantenimiento, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura en la que se autoriza la prestación de los mismos.

Por solicitud de Julia Miranda Londoño, directora general de Parques Nacionales Naturales de Colombia, este proceso de contratación actualmente se encuentra incluido en Vigilancia Preventiva por parte de la Procuraduría General de la Nación.

No obstante esta licitación, en la que están participando 19 firmas interesadas, ha sido motivo de polémica. Precisamente hace algunos días se realizó un debate de control político en el Congreso en el cual el representante a la Cámara, José Edilberto Caicedo (La U), dijo que “no está formulado el plan de manejo, no está formulado un plan maestro que exigió la Corte Constitucional para el manejo del parque, pero sí se quiere a la mayor brevedad posible adjudicar la concesión con las consecuencias nefastas que trae porque es entregar unos recursos que no tiene Parques Nacionales para que se los lleven los particulares”.

Mientras que el parlamentario Franklin Lozano dijo que “la reinversión hacia el parque ha sido nula y éste se encuentra hoy en día en muy malas condiciones. Por eso nuestra voluntad es que la concesión no siga adelante y que sean las comunidades indígenas y de la región las que se encarguen de administrar este hermoso paraíso terrenal”.

Uno de los principales líderes de esta comunidad Danilo Villafañe, gobernador encargado del cabildo Arhuaco Magdalena-La Guajira, pidió que la concesión sea “suspendida” hasta que se creen nuevas condiciones que beneficien ambiental y socialmente a los indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta.

“Creemos que es importante definir una política turística, porque hoy en día es una improvisación. Hay desarrollo de diferentes actividades turísticas, hoteleras y de numerosas agencias de viajes que facilitan el ingreso, tanto a Ciudad Perdida, como al resto de lugares de la Sierra, pero esto no está respondiendo a una política clara”, además pidió ser oídos por el gobierno, para que no violen su autonomía y sus derechos ancestrales y constitucionales para el manejo de su propio territorio.

Agrego que acudirá a instancias internacionales y a su propia justicia indígena consagrada en el artículo 246 constitucional para evitar que se desconozcan los derechos de los indígenas, establecidos en normas legales, constitucionales y en innumerables fallos y sentencias tanto de la Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y del CSJ, que, al dirimir conflictos de competencia, se han pronunciado en diferentes ocasiones reconociendo a la autotomía y a la Jurisdicción Indígena.

Insisten en la elaboración de una política que regule esta actividad en la región porque el año pasado ingresaron más de 446.000 turistas a esta reserva natural y “ahora está proyectado hasta un millón de visitantes, y esto no tiene nada que ver con la conservación de la Sierra”.