Poco después de que pasara la tormenta desatada por la decisión de sacar a Uber del país, el concejal del partido Centro Democrático, Jorge Colmenares, le solicitó al presidente de la República, Iván Duque, que convoque a sesiones extraordinarias al Congreso de la República (que aún está en periodo de vacaciones), para que se le dé trámite al Proyecto de Ley 292 que regula las plataformas digitales.

Entre otras cosas, el concejal considera que el bloqueo de la plataforma Uber, además de tener una serie de afectaciones directas a más de 88 mil personas que viven de la prestación de este servicio, podría generar una crisis social.

“Con ánimo de enriquecer el debate nacional que se ha suscitado frente al uso de plataformas o aplicaciones digitales que presten el servicio privado de transporte (…) me permito proponerle estudiar la posibilidad de convocar a sesiones extraordinarias al Congreso de la República, para que se dé trámite inmediato al proyecto de ley 292 de 2019 que busca reglamentar esta actividad”, precisa la misiva del concejal.

Adicionalmente, Colmenares hace énfasis en que 88 mil personas, padres y madres cabezas de hogar que se quedarían sin la fuente de la que obtienen sus ingresos, y que teniendo en cuenta su núcleo familiar, afectarían a más de 272 mil personas.

Estas cifras, argumenta la comunicación oficial del cabildante, “son equivalentes a ciudades como Sincelejo o Popayán, que de un día para otro no tendrían alternativas para generar ingresos y subsistir, lo que podría exponer a la vulnerabilidad de los derechos a la salud, la vivienda y la educación de los menores de edad”, concluye su punto.

Un llamado a la regulación

Asimismo referirá que la regulación de estas plataformas digitales es el mejor camino para que los taxistas no sigan viendo sus intereses afectados y puedan trabajar en igualdad de condiciones.

“Es por esto que el mejor camino para proteger la actividad legal y formal del transporte privado con la intermediación de plataformas tecnológicas, es la regulación mediante una ley a través de reglas de juego claras, dado que el gremio de taxistas conformado, según el Ministerio de Transporte, por 800.000 conductores que utilizan los 480.000 vehículos oficialmente registrados, se ha visto abocado a competir y ejercer su actividad en desigualdad de condiciones y con nuevos intermediarios digitales que sustentan su actividad en la economía colaborativa”, precisó.

Además le reiteró al Presidente de la República, que desde el Concejo acompañará esta y otras iniciativas encaminadas al fortalecimiento y expansión de la economía naranja y las nuevas tecnologías.

“El crecimiento y desarrollo económico de las ciudades, la mejora en los ingresos y la transformación digital, han hecho de nuestro país un escenario atractivo para el surgimiento de negocios digitales de alcance global, lo que explica que los ciudadanos busquen hoy soluciones a la movilidad bajo estándares de calidad para lo cual las plataformas digitales, confluyen a este proceso, que debe ser objeto de regulación”, finalizó diciendo.

Finalmente, es importante recordar que, en cumplimiento de una decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) en diciembre, la compañía Uber anunció que a partir del 1 de febrero dejará de funcionar en Colombia.

La compañía reiteró que la decisión de la SIC de ordenarle cesar la prestación del servicio de transporte de pasajeros bajo sus distintas modalidades era “arbitraria”, pues “va en contra del ordenamiento jurídico colombiano, violando el debido proceso y derechos constitucionales”.

No obstante, y aunque también refirió que esta decisión va en contra del derecho de los más de dos millones de usuarios, de elegir cómo se mueven por las ciudades, así como la oportunidad de 88.000 socios conductores registrados en la aplicación de generar ganancias adicionales para el sustento de sus familias, a esta plataforma le quedan menos de 15 días de funcionamiento en el país.