La Fundación Forjando Futuros entregó este viernes a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) un informe que detalla las denuncias por desplazamiento, abandono forzado y despojo de tierras llevados a cabo por cerca de 33 compañías nacionales e internacionales.

Gerardo Vega, presidente de la fundación que se encarga de documentar casos de justicia y restitución de tierras de las víctimas del conflicto armado en Colombia desde el 2005, hizo entrega oficial del informe a la Sala de Reconocimiento de Verdad, representada por los magistrados de la JEP, Nadiezhda Henríquez, Iván Gonzales y Julieta Lemaitre.

Los documentos del informe servirán como insumo para las investigaciones de la JEP respecto al tema y contienen 3.970 sentencias que señalan a 33 compañías nacionales y extranjeras por despojo de tierras, particularmente en la costa Caribe, los llanos orientales, el departamento del Chocó y la costa pacífica del país.

Los nombres de 150 personas involucradas en el despojo de tierras y crímenes conexos también figuran en los documentos entregados por la fundación.

Entre las 33 compañías señaladas se encuentran, entre otras, la minera sudafricana AngloGold Ashanti y la minera colombo canadiense Continental Gold, las cuales en 2014 fueron obligadas por la justicia colombiana a abandonar 50.000 hectáreas pertenecientes a la comunidad Embera-Katío del departamento del Chocó, donde llevaban a cabo actividades de explotación aurífera.

También, entre las compañías nacionales señaladas se encuentran: Cementera Argos, con cinco sentencias por despojos en los Montes de María, departamento de Bolívar; Bancolombia, entidad señalada de hacer préstamos bancarios a personas que compraban tierras despojadas en el departamento de Córdoba, y la petrolera Ecopetrol, con una sentencia por despojos en la localidad de Acacías, departamento del Meta.

Por su parte, María Lasso, líder campesina de la región del Urabá y víctima de desplazamiento forzado que asistió al acto que se desarrollo en la sede la JEP, denunció que durante los últimos años 23 reclamantes de tierra han sido asesinados en el Urabá por órdenes de grandes terratenientes ganaderos.

Lasso, en nombre de la Asociación Campesina Tierra y Paz, hizo un llamado al Gobierno colombiano para cumplir con las medidas de acompañamiento legal en la región.

La líder campesina señaló que ninguna de las personas que regresan a sus tierras en el Urabá cuentan con acompañamiento gubernamental, algo que ha desmotivado a que se presenten nuevas demandas pidiendo la restitución de predios.

En el acto, en el que se encontraba también la presidenta de la JEP, Patricia Linares, la procuradora delegada ante la JEP, Mónica Cifuentes, y Pastor Jaramillo, otra víctima del despojo de tierras, se señaló que, aunque los jueces de tierra de la JEP emitieron 46 sentencias instando a que las 33 compañías señaladas devolvieran los predios a las víctimas, algo que fue acatado en varios casos, la Fiscalía General de la Nación no ha abierto ningún proceso legal a pesar de contar con dichas sentencias.

Según lo dicho ante los medios, la mayor cantidad de casos de desplazamiento, abandono forzado y despojo de tierras ocurrieron en 145 municipios de nueve departamentos en las costas Caribe y Pacífica y la región de la Orinoquía colombiana.

Tanto la exguerrilla de las FARC como los grupos paramilitares y el Ejército colombiano fueron señalados por las víctimas presentes de llevar a cabo desplazamientos forzados y despojo de tierras a favor de las 33 compañías.