Hoy concluirá, con la presentación de la Administración Distrital, el debate de control político que adelantó la bancada del Polo Democrático Alternativo, conformada por los concejales Celio Nieves, Carlos Carrillo y Álvaro Argote, sobre el uso y el manejo que se le ha dado al espacio público con relación a las aplicaciones tecnológicas en la ciudad de Bogotá.

Tomaron como punto de referencia el paro nacional de los domiciliarios que se llevó a cabo el pasado 2 de marzo, en donde los trabajadores de este sector se refirieron a las precarias condiciones de trabajo que experimentan, como por ejemplo la falta de zonas de descanso, la necesidad de habilitación de áreas para el aseo de sus equipos e incluso la falta de baños.

Todas estas carencias en la forma de contratación de este personal se han visto reflejadas en el uso que, por consiguiente, le han tenido que dar al espacio público.

Ya se ha convertido en paisaje común ver a domiciliarios con estuches negros, naranjas, rojos, esperando en parques y andenes mientras les sale algún pedido, aglomerados en varios puntos de la ciudad y que, aunque es un tema sensible, han generado conflictos y tensiones con peatones y ciudadanos.

Ante este escenario, de acuerdo con los concejales citantes, la Administración Distrital de Claudia López ha tenido una actitud complaciente con las plataformas, y es necesario que se le dé una solución definitiva a este problema. “No podemos citar al señor Simón Borrero (CEO de Rappi) pero sí a las instituciones”, indicó uno de los concejales citantes, Carlos Carrillo.

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¿Qué pasó con el Decreto 082 de 2021?

Ahora bien, ¿por qué están denunciando los concejales incumplimientos en la solución a este problema?

Porque desde el 19 de marzo de 2021 la Alcaldía publicó el Decreto 082 “por el cual se dictan medidas tendientes a fortalecer la seguridad y a garantizar el uso adecuado del espacio público por parte de las empresas y aplicaciones tecnológicas que intermedian o habilitan servicios de entrega de domicilios en Bogotá y su cadena de valor”, y que de acuerdo con varios concejales no se ha cumplido.

“A ustedes como Administración les corresponde presionar a las empresas para que cumplan con los espacios físicos a los que se comprometieron. El secretario de Gobierno, Felipe Jiménez, se comprometió a mejorar el espacio público y a lo que tiene que ver con las condiciones a los domiciliarios pero hemos visto que es insuficiente. No se han instalado las mesas locales para hacer seguimiento al cumplimiento del Decreto 082 (Artículo 11). ¿Cómo van esas mesas y como van a integrar a los domiciliarios con las mismas?”, se preguntó el concejal Carrillo.

Adicionalmente, también se refirió al Artículo 9, con relación a la infraestructura para la operación de estas plataformas.

Este parágrafo establece que dentro de los tres meses siguientes a la entrada en vigencia de dicho decreto, las empresas de intermediación tecnológica y aliados debían dotar de mobiliarios en las zonas de mayor presencia de domiciliarios y de más demanda de pedidos (con parqueaderos de motocicletas, biciparqueadero, espacios para el lavado de maletines y para el consumo de alimentos) y facilitar servicios sanitarios a estos trabajadores.

No obstante, desde el Concejo de Bogotá se señaló que dicho cumplimiento no se ha dado, pues 11 meses después de emitido el Decreto, en febrero, la Secretaría solo había adelantado dos reuniones con Rappi (de un total de ocho, a las cuales no asistieron los representantes de la empresa), plataforma que hace un uso desproporcionado del espacio público para acumular sus ganancias.

Así mismo, el decreto no obliga al Distrito a hacer un registro del mobiliario, pero sin esa información no hay forma de hacer seguimiento al cumplimiento de estas medidas. Y, por último, pasado un año Rappi elaboró unos espacios físicos (pit stops) que, denuncian los concejales, son insuficientes, pues solo hay uno en Chapinero y dos en el norte, y domiciliarios presentan grandes aglomeraciones en por lo menos 11 localidades de Bogotá.

Por último, a este respecto del Decreto, este mismo establece con relación a las sanciones, la suspensión temporal de la actividad. “Conforme al principio de corresponsabilidad consagrado en el artículo 30 del presente decreto, las empresas de intermediación tecnológicas, los domiciliarios y aliados estarán sujetos a las sanciones que correspondan de conformidad con la Ley 1801 de 2016 por el incumplimiento de las medidas señaladas en el presente decreto”.

Una respuesta inicial de la Alcaldía

La intención desde el Concejo es que todos estos interrogantes sean resueltos hoy, pues la misma Alcaldesa se refirió a dicho decreto como un conjunto de reglas “apenas elementales, y es que si parte de su negocio es tener a personas que hagan domicilios, pues tienen que tener parqueaderos, baños, zonas de descanso, zona de alimentación para las personas que trabajan con ellos y esas son zonas que no pueden estar en el espacio público”, indicó.

Añadió la Mandataria que la Alcaldía ha hecho controles al seguimiento de dicho decreto, el 082, “pero la verdad es que hay una actitud desobligante y deshonesta de este tipo de plataformas tanto con la ciudad como con los domiciliarios que trabajan para ellos. Esto es inadmisible”, indicó hace pocos días, después de que se realizara el paro, la mandataria distrital, quien incluso dio la orden para que, en tal caso, se cierre la sede de Rappi.  

“Nuestro propósito es que se garantice, que haya claridades entre la Administración Distrital y los vendedores informales que atienden su ejercicio laboral en el espacio público de las calles de Bogotá, para que haya acuerdos, y para que entre la Alcaldía y ellos no haya ninguna conflictividad. Entre espacio público y trabajo no debe haber conflictividad sino acuerdo para organización de los mismos”, le dijo a EL NUEVO SIGLO el concejal Celio Nieves, refiriéndose al propósito de este debate.

Añadió, además, que “frente a quienes ocupan el espacio público en nombre de empresas nacionales o multinacionales, es imperativo que esos empresarios les cumplan las obligaciones de carácter salarial, prestacional y de bienestar a los domiciliarios que están en la calle, pues al parecer nadie responde por esas personas desde el punto de vista de una relación contractual”, finalizó diciendo a este medio el concejal Nieves.

Por último, vale referir que en el marco del desarrollo de este debate, que giró en torno a un Decreto que se ha quedado corto en su aplicación, el concejal del Nuevo Liberalismo Juan Baena, uno de los defensores de las plataformas, indicó primero que el Congreso es el que debe regular cómo funcionan, en materia de contratación, las diferentes soluciones tecnológicas, y con relación al uso del espacio público fue claro al advertir que su accionar es “susceptible de mejora. De las plataformas y de todos los actores que hacen mal uso del espacio público”.

“Debe haber responsabilidad y corresponsabilidad con relación al uso de este espacio y ese decreto debe ser revisado para que pueda instrumentalizarse, porque a veces uno sí se pregunta: ¿Cómo van a hacer cumplir esto? Porque ni siquiera contempla los impactos económicos. Debe ser revisado”, indicó a EL NUEVO SIGLO el concejal Baena.