“Ante el caso más grave de corrupción en la historia del país, cualquier pago que se realice a concesionarios y contratistas de la Ruta del Sol II tendrá que sujetarse a las decisiones judiciales”, aseguró el procurador (e), Juan Carlos Cortés González, luego de conocerse el anuncio de la Superintendencia de Transporte de disolución de la Concesión Ruta del Sol S.A.S.

El Ministerio Público inició una vigilancia al proceso, teniendo en cuenta que el anuncio de la Superintendencia se conoce 13 días antes de que un Tribunal de Arbitramento resuelva si declara nulo el contrato por el escándalo de sobornos que compromete a Odebrecht.

El organismo de control fiscal solicitó los antecedentes, soportes, documentos y demás sustentos que llevaron a tomar la decisión de convocar a la concesionaria al proceso de liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades; así como de las medidas adoptadas para proteger a los terceros de buena fe, ante lo que la Supertransporte llamó “situación crítica de orden financiero, jurídico y administrativo”.

Para la Procuraduría es inoportuna cualquier decisión que se adopte en este proceso de disolución y liquidación sin que se respete la decisión que tome el Tribunal de Arbitramento, donde, entre otras cosas, se debería resolver el monto del detrimento atribuible a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S.

A juicio del Ministerio Público decisiones de pago en estos momentos ponen en riesgo la efectividad del fallo de la acción popular que promovió la Procuraduría, donde la concesionaria y sus sociedades principales fueron condenadas al pago de $800 mil millones de pesos y a una inhabilidad de 20 años y se limitó el reconocimiento a terceros de buena fe hasta el saldo que tuviere disponible el proyecto en su fiducia. Agotados esos recursos, no procederían pagos adicionales con el presupuesto de la Nación.

“Los colombianos no deben soportar ninguna carga fiscal adicional por el caso Odebrecht. Como Procuraduría nos oponemos”, puntualizó Cortés González.

El pasado lunes, la Superintendencia de Transporte anunció que declaraba la disolución de la sociedad Concesionaria Ruta del Sol S.A.S., que estaba a cargo de la construcción Ruta del Sol 2, y convocó al proceso de liquidación judicial a la compañía en instancia de la Superintendencia de Sociedades.

De acuerdo con la entidad, la decisión se fundamentó en dos pilares principales: La imposibilidad de la sociedad para continuar desarrollando su empresa social, la cual está ligada a la suscripción y ejecución del  contrato de concesión número 001 de 2015 y la existencia de presupuestos financieros, jurídicos y administrativos que reportan una situación crítica de la compañía.

La medida relacionada con la disolución de la sociedad se justifica en que la compañía suscribió el 27 de febrero de 2017 con la Agencia Nacional de Infraestructura-ANI , el acuerdo de terminación y liquidación del contrato de concesión número 001 de 2015. En atención a ello, a partir de la celebración de dicho acuerdo, la sociedad quedó imposibilitada de desarrollar su empresa social, aseguró la Superintendencia de Transporte.

Según publicó EL NUEVO SIGLO, un ahorro de $230.000 millones podría alcanzar el Estado si se logra cerrar una conciliación con los acreedores de buena fe en la liquidación del contrato de la ruta del Sol II con la concesionaria del mismo nombre y conformada por Odebrecht y Episol (Corficolombiana) y que se encarga del corredor vial entre Puerto Salgar y San Roque.

El Gobierno adelanta el proceso de revisión de un acuerdo con los bancos que dieron los créditos para la que sería la Ruta del Sol II.

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, indicó que en total hay un saldo de $1,9 billones, de los cuales, $1,2 billones es la deuda de los bancos hasta el momento. Por eso resaltó que se están negociando los intereses causados hasta ahora, como lo confirmó el viceministro de Infraestructura, Manuel Felipe Gutiérrez.