El alto consejero presidencial, Jairo Clopatofsky, dijo que es un gran paso que el país ha dado

EL NUEVO SIGLO: ¿Cuál es la importancia de la recién sancionada Ley 1996 que garantiza la capacidad legal a los mayores de edad en condición de discapacidad, al eliminar la interdicción que había?

JAIRO CLOPATOFSKY: Ese es un cambio del Código Civil porque por primera vez se les da las garantías consagradas inclusive en la Convención de las Naciones Unidas del año 2007, en donde se habla de que todas las personas con discapacidad tendrán el derecho de tomar sus propias decisiones. Si una persona que antes era declarada interdicta, inclusive por sus mismas familias, esa persona hoy no podrá ser declarada interdicta y tendrá la potestad, por ejemplo, para que abra su propia cuenta de ahorros o cuenta corriente, para que pueda tomar inclusive sus propias decisiones de matrimonio.

Por ejemplo, una persona que tenga un síndrome de Down que no sea severo, tiene su derecho de casarse, de tener su propia familia y escoger a su mujer o a su hombre y todo el tema de la capacidad legal. Es uno de los avances, Colombia es el segundo país de Latinoamérica, después de Perú, que aprueba todo este proceso de capacidad legal. Ahora viene el gran reto, que es la reglamentación ante el juez, la reglamentación ante los notarios para que no sean declarados interdictos. Estamos en ese proceso.

Es un avance muy importante en cuanto a la restauración de los derechos humanos. Se pasa de un sistema asistencialista que se hacía y entramos a un sistema de integración social de la población que tenga alguna discapacidad.

Por supuesto que hay unas incapacidades severas que todos sabemos que las propias determinaciones las tomarán sus familias o los seres queridos que están alrededor de esas personas. Pero en términos generales es un paso para la población con discapacidad para la toma de sus propias decisiones.

ENS: Entre los temas que quedan por reglamentar de esta ley está la valoración de los apoyos…

JC: Sí, el protocolo facultativo que debe ser probado también, pero eso lo vamos a dejar un poquito más adelante una vez se esté reglamentada esta ley de capacidad legal.

ENS: En abril pasado usted señaló la necesidad de hacer ajustes a la Ley 1878 de 2018 por los vacíos que existirían, que han hecho que personas en condición de discapacidad salieran de programas de rehabilitación a cargo de operadores del ICBF. ¿Eso en qué va?

JC: Con la directora del ICBF hemos armado una ruta con los operadores y estamos en ese proceso de ajuste de esa normatividad a la realidad. Creo que vamos bien, hemos estado hablando con los operadores, hemos estado hablando con la sociedad civil, y esos vacíos que por ejemplo se han dejado para que no sean atendidos los niños y las niñas con discapacidad que cumplan cierta edad, estamos viendo con los operadores, que hemos llegados a un acuerdo con la Directora del ICBF para que sigan siendo atendidos, sobre todo aquellos niños, cuando hablo de  niños y niñas son aquellos que tendrán 60-70 años de edad y que se mantengan dentro de estos operadores o estos centros de rehabilitación integral especializados en discapacidades severas.

ENS: ¿Existe alguna restricción para la participación de la población con discapacidad en las elecciones regionales del próximo mes?

JC: No hay ninguna y la norma dice que la persona con discapacidad que necesite a un tercero de compañía para poder votar podrá ser acompañada, y será esta persona con discapacidad quien votará, pero no hay restricción alguna.

ENS: ¿Cuál es la cifra de población en condición de discapacidad en Colombia?

JC: La población con discapacidad en el Censo según el DANE habla de 3.500.000, pero las cifras mundiales de las Naciones Unidas hablan de entre el 10% y el 15% de la población. Es decir, que si Colombia está por encima de los 40 millones, podríamos estar arriba de los 4 millones.

De esa población el 80% vive en zonas de pobreza, y de ese 80% el 50% son personas que son analfabetas. Entonces es un reto que tenemos en esta Consejería Presidencial en la articulación, no solamente con los ministros y el Gobierno nacional sino en forma articulada que venimos trabajando directamente con alcaldes y gobernadores.