A avanzar en un diálogo que permita fortalecer su cooperación en la lucha contra el narcotráfico y las economías criminales, que son el origen de la violencia que afecta a las comunidades más vulnerables en Colombia, invitó el Ministerio de Relaciones Exteriores a los embajadores de Alemania y Francia, Peter Ptassek y Gautier Mignot, respectivamente.

Se trata de una reacción de la Cancillería a trinos de Ptassek y Mignot en relación con las recientes masacres ocurridas en Cali y Samaniego.

El embajador Ptassek se preguntó en sus redes sociales: “¿Qué puede tener más valor que la vida? Menos aún la vida de jóvenes. ¿Se dan cuenta que están matando futuro? Es hora de alianzas efectivas: Estado, sociedad civil, cuenten con Alemania, como parte de comunidad internacional para enfrentar y acabar por fin con violencia demencial”.

El diplomático hizo sus cuestionamientos a partir de un comunicado de la MAPP/OEA, en que el organismo alertaba y manifestaba “profunda preocupación por la grave situación de violencia en Nariño, a causa del accionar de grupos armados ilegales. Condenamos masacre de ocho jóvenes en Samaniego y afectaciones contra comunidades en el departamento”.

Mignot, por su parte, reaccionó a una comunicación de la Misión de la ONU en Colombia que también condenó esa masacre y hacía “un llamado a las autoridades competentes a fortalecer medidas para eliminar esta violencia”

El representante francés se sumó a ese comunicado y consideró “muy preocupantes estas cifras y la multiplicación de masacres vinculadas con actividades ilícitas y grupos armados ilegales”.

Tras la respuesta de la Cancillería, Ptassek agradeció la “excelente invitación al diálogo. Gran oportunidad para sentarnos comunidad internacional e instituciones comprometidas a fortalecer cooperación en lucha contra el narcotráfico fortaleciendo también economías alternativas legales”; en tanto que Mignot anotó que “en la lucha contra el narcotráfico y por la paz somos y seguiremos siendo grandes aliados de Colombia”.

En su nota, la Cancillería sostuvo que “el Estado colombiano en su conjunto ha condenado de manera enérgica los execrables crímenes cometidos en contra de niños, adolescentes y jóvenes en los últimos días”.

“Las autoridades se han desplazado de inmediato a las ciudades de Cali y Samaniego, a fin de dar inicio a las investigaciones correspondientes, acompañar a las familias de las víctimas y fortalecer las acciones de la Fuerza Pública en articulación con los mandatarios locales. Así mismo, han ofrecido recompensas de $200 millones por información que permita identificar a los responsables de estos hechos. El Estado colombiano impulsará todas las acciones para que las autoridades judiciales realicen su labor y no exista impunidad en estos casos”, señaló la Cancillería, añadiendo que “el Gobierno del presidente Iván Duque está fundamentado en el pilar de la legalidad y desde su toma de posesión ha dedicado todos sus esfuerzos a garantizar la vida y la integridad de todos los ciudadanos presentes en el territorio nacional”.

“Infortunadamente, el crecimiento exponencial de cultivos ilícitos entre 2013 y 2017, así como de otras actividades criminales como la minería ilegal, desataron dinámicas de violencia en determinadas regiones del país. Aún a pesar de las reducciones en el área de coca cultivada que se evidenciaron en 2018 y 2019, la disputa por el control de las rutas del narcotráfico entre grupos armados ilegales continúa amenazando a la población y cobrando víctimas entre las que se encuentran defensores de derechos humanos, líderes sociales, soldados, policías, y jóvenes y niños”, explicó la Cancillería.

“Colombia es un país abierto al escrutinio internacional y comprometido con la plena garantía de los Derechos Humanos. La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos opera en el país desde 1996, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA desde 2005 y la Misión de Verificación de Naciones Unidas que acompaña la implementación del Acuerdo suscrito en 2016 por el Gobierno con la antigua guerrilla de las Farc, desde 2017. En el marco de todos estos mecanismos, el país recibe recomendaciones y observaciones, destinadas a fortalecer las capacidades institucionales para avanzar en la estabilización y la consolidación de los territorios”, detalló la Cancillería.