Además, el Gobierno está pidiendo que la multinacional sea inhabilitada por 20 años para contratar en el país

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“Una acción de reparación directa para demandar a Odebrecht por los daños causados en diferentes licitaciones de proyectos de infraestructura” están preparando las agencias nacionales de Defensa Jurídica del Estado y de Infraestructura, anunció el director de la primera entidad Camilo Gómez.

La revelación se dio luego de que el Gobierno pidiera que se le impidiera participar en licitaciones públicas durante 20 años a la multinacional brasileña, involucrada en una extendida trama de corrupción.

Cabe recordar que en agosto Odebrecht demandó al Estado colombiano ante tribunales internacionales argumentando que la sacaron de la Ruta del Sol sin los argumentos necesarios.

20 años de inhabilidad

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez elevó el pedido a la Superintendencia de Sociedades para que sea el máximo castigo previsto en la ley, según una carta difundida ayer.

Esta "solicitud se efectúa teniendo en cuenta que empresas del grupo Odebrecht han protagonizado el caso de soborno y corrupción trasnacional más notorio de los últimos años en varios países del mundo, incluyendo Colombia", escribió Ramírez.

La segunda al mano del Ejecutivo nacional también rechazó la propuesta de la constructora de zanjar el escándalo con una reparación equivalente a 30 millones de dólares y pidió una "sanción pecuniaria correspondiente" a los delitos en que incurrió para adjudicarse la Ruta del Sol II, la mayor obra vial del país.

"Aceptar un acuerdo de compensación económica (...) resultaría un incentivo perverso para que se continúen cometiendo este tipo de delitos", enfatizó Ramírez.

Según la Fiscalía, Odebrecht pagó en Colombia 32,5 millones de dólares en sobornos a políticos en el marco de una práctica que llevó a cabo en al menos 12 países, entre ellos 10 latinoamericanos.

Seis personas han sido condenadas en Colombia por la trama de sobornos hasta el momento.

El caso tomó un giro dramático en Colombia tras la muerte, el 8 de noviembre, de Jorge Enrique Pizano, auditor del consorcio que formó la firma brasileña junto con la local Corficolombiana para la construcción de la vía que comunicaría el centro con el norte del país.

Tres días después su hijo Alejandro falleció envenenado con el cianuro que bebió de una botella de agua que encontró en el escritorio de su padre. Ambas muertes están bajo investigación.

Pizano dejó grabada una entrevista en la que asegura que el entonces abogado y hoy fiscal general Néstor Humberto Martínez supo de las irregularidades del consorcio y no lo denunció.

En ese entonces Pizano tenía una relación personal y profesional con el actual fiscal, quien trabajaba como abogado del influyente banquero Luis Carlos Sarmiento, dueño de Corficolombiana.

Aval es víctima

En medio de este escándalo, ayer una vez más el Grupo Aval, del que hace parte Corfocolombiana, manifestó ser víctima de Odebrecht.

A través de un comunicado dirigido a sus más de 80.000 colaboradores, Aval aseguró que saldrá avante de los señalamientos que en su contra se han formulado en los últimos días.

“Estamos trabajando incansablemente para demostrar que nuestras acciones, como claramente lo demuestra la evidencia, siempre han estado sujetas a la ley y a la buena fe, pues son estos los pilares que nos permitirán desvirtuar las acusaciones de las que estamos siendo víctimas en los distintos procesos e investigaciones”, publicó el Grupo Aval.

Fiscal ad hoc

El lunes, el presidente Iván Duque consideró que el escándalo que envuelve a la investigación por el caso Odebrecht en Colombia y compromete a Martínez requiere que se nombre a un fiscal ad hoc que llegue "hasta el fondo" de la trama de corrupción.

Duque apoyó la propuesta que comenzó a abrirse paso ante una serie de revelaciones periodísticas que sugieren que el fiscal Martínez conoció de irregularidades que no denunció cuando era abogado de Corficolombiana, socio de Odebrecht en Colombia.

“Yo creo que se va a requerir un fiscal ad hoc”, señaló Duque en una entrevista con RCN Radio, aclarando que “primero el Fiscal General de la Nación ya se había declarado impedido y había designado a la Vicefiscal, y la Vicefiscal también está pidiendo ad hoc”.

Martínez se apartó en abril de 2017 de la investigación sobre el esquema de sobornos que montó la constructora brasileña Odebrecht a cambio de la concesión de contratos de obras diversas.

Ante el creciente escándalo, la vicefiscal María Paulina Riveros, encargada actualmente del proceso, también pidió a la Corte Suprema de Justicia que examine la designación de un fiscal especial, debido a su cercanía con Martínez.

Si la Corte Suprema avala el impedimento de la Vicefiscal, Duque se declaró "listo" para presentar una terna, de la que salga elegida "una persona con las más altas condiciones".

"Que el país tenga plena certeza que lo que queremos todos es que aquí se llegue hasta el fondo de la verdad y que haya sanciones ejemplarizantes a quienes estuvieron detrás de ese escándalo", enfatizó el Mandatario.

Sin embargo, el lunes mismo, a través de un concepto, el procurador cuarto de Investigación y Juzgamiento Penal, Jorge Enrique Sanjuán, le dijo al magistrado Gerardo Botero, que estudia la recusación contra la vicefiscal Riveros, que las causales formales de recusación no proceden en este caso y que se necesita una estructura funcionalmente independiente, es decir, una Fiscalía ad hoc que dispondría que funcionarios de la propia entidad y eventualmente de otras autoridades (como la Dijín) se “comisionan” o adscriben a su tarea, pero siempre garantizando independencia y autonomía absolutas.

Al explicar la posición del Ministerio Público, el procurador Fernando Carrillo precisó que “frente a lo solicitado, más que un fiscal ad hoc, lo que solicitamos es una Fiscalía ad hoc. ¿Eso qué significa? Necesitamos una estructura ágil, efectiva, que sea capaz de adelantar las investigaciones y recibir lo que se ha hecho hasta el momento, pero una estructura que no dependa jerárquicamente de la Fiscalía Actual”. /