ANTE LA escalada de la violencia que se registra en algunas regiones, a la que se suma las amenazas de un atentado con carrobomba, los mandatarios de seis departamentos urgen al Gobierno nacional acciones para frenar el accionar de los grupos armados ilegales.

EL NUEVO SIGLO habló con los gobernadores del Huila, Tolima, Valle, Cauca, Arauca, Cundinamarca y Caquetá, quienes describieron la situación en esos departamentos como “muy preocupante”.

La mandataria del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo sobre la situación de orden público que “debo señalar que la seguridad de mi departamento depende de la seguridad de la región Pacífico, donde históricamente su población se ha visto afectada principalmente por la incidencia de organizaciones al margen de la ley que han querido tomarse puntos estratégicos para dinamizar sus rentas ilegales, como el narcotráfico y el tráfico local de estupefacientes, los cuales impulsan otros delitos convirtiéndose en el principal motor de violencia y criminalidad. Es así, que nuestro departamento está siendo afectado por todas las categorías de estructuras criminales”.

Dijo, por ejemplo, que, en el norte del Valle, el ‘Clan del Golfo’, viene instrumentalizando grupos de delincuencia común, financiando y promoviendo el tráfico de armas de fuego agravando la situación de violencia. Sobre la cordillera central y en límites con el departamento del Cauca, se ubican las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), con el Frente ‘Jaime Martínez’, la Columna Móvil ‘Dagoberto Ramos’ y Compañía ‘Adán Izquierdo’, estableciendo corredores de movilidad estratégicos, para la movilización de actores armados y narcotráfico.

Y recordó que en zona rural de Buenaventura el Eln, con el frente ‘Ernesto Che Guevara’, y la compañía ‘Omar Salgado’, vendrían estableciendo alianzas con la disidencia de la Segunda Marquetalia, afectando la población. El grupo armado, frente 57 ‘Yair Bermúdez’, viene disputando fuertemente territorios del norte y centro del Valle ubicados sobre la cordillera central. Asimismo, una serie de estructuras delincuenciales que entran en disputas territoriales y confrontación especialmente en las áreas urbanas, todo por el control del tráfico de estupefacientes y extorsión.

Tolima Huila y Caquetá

Al respecto, la mandataria seccional de Tolima, Adriana Magaly Matiz, sostuvo que “no bajamos un segundo la guardia en materia de seguridad e inteligencia. Y estamos atentos a las directrices y apoyo en este sentido del gobierno de Gustavo Petro, por ser de su responsabilidad y competencia este tema”.

Añadió que “he dado la misma instrucción impartida desde el 1 de enero de 2024 al secretario de Seguridad del Tolima y los coroneles: no ceder un milímetro a los violentos en ninguna parte del Tolima y estar alertas trabajando en el territorio. Entre tanto, las autoridades departamentales piden al Ejército, la Policía y la Fiscalía del Tolima activar mecanismos de seguridad ante posibles alertas”.

La mandataria entregó el total respaldo a las Fuerzas Militares y concluyó: “Confiamos en su accionar y cuentan con todo mi apoyo institucional”.

A su vez, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba, indicó que “mi departamento no es la excepción, y obviamente como sucede en el país, hay problemas de orden público. Sin embargo, en la región se ha ido controlando y superando, que habido presencia sí, pero la Fuerza Pública y la autoridad están actuando y los tenemos en cintura, no podemos decir que exento de ese factor perturbador de la vida nacional”.

Según el mandatario, en lo corrido de 2024 se han liderado desde la gobernación del Huila varios consejos de seguridad con participación de la autoridad nacional, departamental, municipal, de los entes de control y representantes de los diferentes gremios dejando como resultado la formulación de un plan de acción contundente, entre ellos, el plan de recompensas como un estímulo a la colaboración ciudadana, optimizando información para la efectividad de las investigaciones y operaciones de inteligencia que hoy arrojan resultados.

“Queremos destacar a estos héroes, que han trabajado con gran compromiso, que este reconocimiento sirva de estímulo en el cumplimiento de su misión, con la seguridad del beneficio que brindan a todos los ciudadanos”, destacó el mandatario de los huilenses.

Entre tanto, el gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, expresó su preocupación frente a las situaciones de orden público como los retenes ilegales que se han presentado. “Hemos encontrado que se han hecho diferentes retenes ilegales por parte de los grupos armados ilegales, en Zabaleta prácticamente hay un puesto de control de las disidencias de las Farc e igualmente en la vía de Paujil y Cartagena del Chaira se han presentado retenes ilegales”.

Anotó que el llamado es para las Fuerzas Militares y la policía para que ejerzan un control territorial que es un mandato constitucional. Aseveró que él como gobernador continuará recorriendo todo el departamento y ejerciendo su labor.

Por su lado, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, dijo sobre la problemática que vive el país que “por supuesto lo que hemos pedido al Gobierno nacional ante esta situación es la protección de los ciudadanos en todo el departamento, en especial donde hay confrontación”.

Indicó que “mire, el control territorial, el Gobierno lo puede hacer mejor a nivel de una zona muy concentrada, especialmente como Nariño, pero, además, la paz debe entenderse como la transformación territorial y creo que en el caso de Nariño el Eln está facilitando las condiciones, por ejemplo, para que haya desminado humanitario en un entorno en el que nosotros hemos planteado diálogos regionales para la paz que implican la articulación del Gobierno nacional y el gobierno departamental para hacer inversiones superiores a los 300.000 millones de pesos en la veredas donde estos grupos hacen presencia y creo que estamos allanando el camino para transformar esa realidad en esos territorios y los grupos armados tienen que tener la voluntad de permitir esa transformación”.

Mientras que, el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, también hizo un llamado al Gobierno y afirmó que “o recogemos la Fuerza Pública para que no sea carne de cañón o ampliamos el pie de fuerza, porque los estamos exponiendo, me van a criticar, pero debemos unirnos para reclamar mayores capacidades al Gobierno nacional”.

Sostuvo que en su territorio delinquen 11 estructuras armadas, “es que acá tenemos todas organizaciones ilegales en guerra, violando los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, si no hacemos algo, vamos a continuar llorando a nuestros niños, a la población civil y a la Fuerza Pública”.

El gobernador de Arauca, Renson Martínez Prada, también se manifestó y exigió fortalecer los dispositivos de seguridad tanto en las áreas urbanas como rurales, especialmente en la capital araucana e indicó que ya fueron incorporados más de 300 efectivos para adelantar estas labores.

“Estos uniformados entrarán a garantizar y reforzar la seguridad que piden los araucanos con el fin de garantizar y preservar el orden público. También se van a reforzar todos los dispositivos de seguridad en la capital araucana”, expresó el secretario del gobierno Departamental de Arauca, Nasser Cruz Matus.

El mandatario anunció que solicitará a sus homólogos de los departamentos de Casanare Cesar Ortiz Zorro y de Boyacá Carlos Amaya, realizar un Consejo Seguridad Regional en Arauca para buscar estrategias conjuntas que fortalezcan la seguridad en las vías que conectan esta región.

Entre tanto la gobernadora del Meta, Rafaela Cortes, quien ha estado en comunicación permanente con el gobierno y ha venido rechazando el accionar de las disidencias de las Farc, sostuvo, “no hay territorios vedados para la Fuerza Pública, a cuyos integrantes extiendo el mayor de los agradecimientos por su compromiso con todo el país”.

Acciones en Cundinamarca

Con el fin de articular el trabajo interinstitucional para reducir la criminalidad en el Departamento y el área limítrofe con Bogotá, la Secretaría de Gobierno adelantó el Cuarto Comité de Seguridad y Orden Público.

Entre otros asuntos abordados, se autorizó el pago de los $10 millones de recompensa, ofrecidos por el gobernador Jorge Emilio Rey, a los ciudadanos que aportaron información para hallar al responsable del feminicidio en el municipio de Tabio; y se resaltó la importancia de estas medidas para incentivar la colaboración ciudadana y la denuncia de actividades delictivas.