UNA alerta temprana sobre presuntos hechos de corrupción en el manejo de gran parte de los recursos destinados a atender la crisis de Covid-19 en el país, que ascienden a $1.6 billones, emitió Transparencia por Colombia.

Sandra Martínez, directora programática de ‘Iniciativas del Sistema Político y Estado’ de Transparencia por Colombia, dijo que en asocio con siete organizaciones ciudadanas del país realizan un ejercicio de análisis y revisión ciudadana detallada a la dinámica contractual en Colombia para atender la emergencia.

La iniciativa que comenzó hace dos meses, el 14 de marzo, presentó este jueves un primer balance en el que señala que en el país se han firmado para atender la emergencia un total de 9.206 contratos, de los cuales, 4.655 se hicieron bajo la modalidad de contratación directa, permitida por la urgencia manifiesta, por un valor cercano a $1.1 billones.

Indicó que este fue un primer paso al que se llegó de recopilar la información oficial de las bases de datos como la Tienda virtual del Estado, Secop I y II, Corferias y Cuentas Claras y que posteriormente se inició, un cruce de información para poder hacer un seguimientos a todos y cada uno de los contratos para determinar si hay recursos desviados o viciados.

Martínez explicó que este ejercicio de control ciudadano busca determinar varias cosas: corrupción, personas inhabilitadas por la Procuraduría que estén realizando dichos contratos, así como si hay contratistas registrados en Sisbén o han sido financiadores de campañas políticas en las regiones.

Hasta el momento, agregó, el informe preliminar de estos dos meses revela que hay 7.613 contratistas. En esta segunda etapa de revisión y análisis se revisará con lupa a estas personas.

Vale aclarar que esta investigación de Transparencia por Colombia, en asocio con otras siete entidades regionales, hace seguimiento solo a los procesos de contratación en seis departamentos, a saber Bolívar, Caldas, Córdoba, Risaralda, Santander y Valle del Cauca, y la capital de la República.

Participan de esta iniciativa “Ciudadanía activa: con los ojos puestos en los recursos del Covid-19”, además de Transparencia por Colombia, las entidades sociales Corporación Cívica de Caldas, la Alianza por una Cali + Transparente y la Corporación Vigía y Transparencia por Santander.

“Profundizar el análisis de riesgos de corrupción en los procesos, objetos de los contratos, y verificar la idoneidad de los contratistas, entre otros aspectos es nuestro objetivo”, puntualizó Sandra Martínez.