Cinco masacres se han registrado en los últimos 15 días en Cauca, Guaviare, Antioquia y La Guajira, con 18 víctimas fatales.
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Al respecto, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, reiteró ayer que “la inmensa mayoría de las masacres que han ocurrido este año tienen como telón de fondo el narcotráfico, de acuerdo con las versiones de las autoridades y las investigaciones que se adelantan”.
La declaración del alto funcionario coincidió con la confirmación por parte de las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia - Gobierno Mayor del asesinato de un líderes indígena y tres comuneros wayúu de la comunidad de Alakat en jurisdicción de Maicao, La Guajira, que según el Instituto Nacional de Desarrollo para la Paz (Indepaz) sería la masacre número 84 registrada en 2020, completando 354 víctimas fatales en este tipo de hechos.
El fin de semana habían sido informados otros asesinatos colectivos en el Bajo Cauca antioqueño, en los que murieron siete personas: cuatro el viernes en El Bagre y tres en Caucasia el domingo.
El ministro Trujillo anunció una recompensa de hasta $100 millones y el despliegue de la Unidad de Identificación, Ubicación y Judicialización de Perpetradores de Masacres de la Policía Nacional.
La decisión se tomó en el marco del consejo de seguridad extraordinario que se llevó a cabo por parte de la Fuerza Pública y las autoridades departamentales y municipales en Caucasia.
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Además de las personas que fueron asesinadas en Caucasia, otras cinco más resultaron heridas y una está desaparecida. Trujillo afirmó que "este hecho criminal tendría su origen en una confrontación entre los grupos armados del Clan del Golfo y Los Caparros por el control del negocio del narcotráfico, los cultivos ilícitos y sus rentas criminales, incluida la minería ilegal".
Según el ministro, estos últimos hechos de violencia podrían estar relacionados entre sí.
"El pasado 11 de diciembre se registró la muerte de cuatro personas en zona rural del municipio de El Bagre, vereda El Mamba, lo cual tendría una posible relación con este crimen ocurrido en Cuturú, Caucasia, como parte de una retaliación del Clan del Golfo, quienes serían los presuntos responsables de esta masacre", dijo.
La mayoría de las masacres, según el registro de Indepaz, ocurrió en Antioquia, donde en lo corrido del año se han presentado 20 asesinatos colectivos (77 muertos), seguido de Cauca con 13 (50) y Nariño con 9 (42).
Si bien las siguientes regiones en número de masacres son Norte de Santander (6), Putumayo (4) y Bogotá (3), si tiene en cuenta la cantidad de muertos el orden sería Bogotá (37), Norte de Santander (28) y Putumayo (15).
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En los departamentos de Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Bolívar y Córdoba se registraron tres masacres, pero con la siguiente relación de muertos (en el mismo orden): 14, 12, 11, 10 y 9.
Septiembre fue el mes con más masacres (16), seguido de agosto (11), abril (9) y noviembre (8).
Coca y masacres
En su declaración de ayer, el ministro Trujillo expuso cómo “las investigaciones ya han permitido la individualización de responsabilidades en algunos casos y en otros se avanza con claras posibilidades de éxito”, señalando que “faltan a la verdad entonces quienes sugieren que las anteriores son afirmaciones del Gobierno para confundir”.
“De otro lado”, precisó, “a pesar de la evidencia de los hechos, hay sectores que hacen reiteradamente politiquería con la muerte. Esos son los que saltan a hacerle señalamientos al Gobierno y a culparlo por los homicidios en una actitud politiquera inaceptable. Esos son los que siguen defendiendo las políticas que elevaron los cultivos ilícitos a una suma sin precedentes en Colombia. Esos son los que se oponen a que volvamos a poner en práctica la buena política que nos llevaba por el buen camino. Esos son los que obstaculizan la reiniciación de la aspersión, la erradicación y engañan con la posibilidad inexistente de sostenibilidad con pequeños proyectos. Esos son los que le ponen palos en la rueda a la erradicación rápida para que se invierta en proyectos sostenibles y rentables que cambien la vida de las comunidades en zonas de alta concentración de cultivos ilícitos.
Para Trujillo, “Colombia necesita una gran cruzada contra el narcotráfico” para “defender la vida, cuidar la biodiversidad impedir la deforestación, impedir el envenenamiento de fuentes de agua, proteger a los jóvenes del consumo, proteger a los jóvenes de ser reclutados por el microtráfico, proteger los derechos humanos, luchar contra la corrupción, acabar con la fuente de financiación de los que masacran y asesinan líderes sociales”.
El alto funcionario expresó que “el enemigo de Colombia es el narcotráfico, no el glifosato. No más politiquería con las muertes. Derrotar el narcotráfico es tarea de todos”.
Aspersión aérea
Trujillo expresó en su declaración que cuando el presidente Iván Duque “asumió la jefatura del Estado en agosto de 2018, encontró más de 177.000 hectáreas de cultivos ilícitos en distintas zonas del país. A esa cantidad sin precedentes se llegó aquel año debido a un error histórico inmenso en las conversaciones con las Farc. ¿En qué consistió el error? En que en el año 2013 se cambió la política que permitió disminuir en más de una década los cultivos ilícitos de 166.000 a 48.000 hectáreas”.
“Lo anterior quiere decir que íbamos bien cuando se suspendió la aspersión aérea y le dio vida a un discurso justificativo de la siembra de cultivos ilícitos y se puso en práctica una política de incentivos perversos que hizo creer a los campesinos que recibirían más beneficios si tenían más hectáreas sembradas de coca”, anotó, agregando que “se inició un proceso de crecimiento exponencial de los cultivos ilícitos que los elevó de 48.000 hectáreas en 2013 a más de 177.000 en 2018. Se cambió, pues una política buena que había reducido sustancialmente las hectáreas de cultivos ilícitos por una política mala que subió exponencialmente dichos cultivos”.
Rememoró el ministro Trujillo que lo que hizo el presidente Duque fue, “en primer lugar, frenar ese crecimiento exponencial lo cual se logró en un esfuerzo enorme a finales de 2018. En segundo lugar, empezar a disminuir el área cultivada, lo cual también se logró a finales de 2018. En tercer lugar profundizar la tendencia a la disminución lo cual se logró en 2019 cuando se erradicaron más de 100.00 hectáreas de cultivos ilícitos. Fijar metas más ambiciosas de erradicación, lo cual se logró con la meta de 130.000 hectáreas erradicadas en 2020, meta que se cumplió."
Y agregó que "todo lo anterior en el marco de una política integral que contempla la prevención para evitar el consumo, tratamiento para quien ya consume y persecución implacable al narcotraficante y a quienes estén involucrados en cualquiera de los eslabones de la cadena criminal. E integral también en materia de erradicación por cuanto contempla la utilización de todas las herramientas legítimas posibles y no solamente una. Contempla la aspersión aérea, la erradicación voluntaria y forzosa, la sustitución de cultivos y programas de desarrollo alternativos. Se trata de erradicar rápidamente para crear condiciones que permitan invertir en proyectos sostenibles y rentables que mejoren la vida de las comunidades cambiando la economía ilegal por la economía legal”.