Por Myriam Méndez Montalvo*
A simple vista el paso de los huracanes Beta e Iota por Colombia fue devastador. Se informó de la destrucción del 98% de la infraestructura de Providencia, cientos de familias sin techo en sus viviendas en San Andrés, tres personas muertas y seis heridos de gravedad. La fauna, manglares, playas y el arrecife coralino de Providencia, el tercero más grande del mundo, son víctimas de este desastre, frente al cual aún está pendiente un reporte oficial que permita precisar sus consecuencias, y evidencie un análisis que lleve a sentar las bases para su atención en el mediano y largo plazo.
Los huracanes Lenny (1999) y Beta (2005) ya habían pasado factura e incrementado la deuda social con las comunidades del archipiélago y del Caribe. No obstante, transcurrieron 20 años y cinco gobiernos, y muchas de las deudas sociales siguen pendientes. Existen diversos factores que pueden explicar esta situación aunque, ciertamente, no justifican el acumulado pasivo histórico en materia de bienestar.
En el caso de las islas y el pueblo raizal, es evidente la ausencia de escenarios para el diálogo social como parte de la gestión pública, diálogo que posibilite la participación continua y permanente de los ciudadanos en la construcción de un desarrollo sostenible, que responda a las necesidades y particularidades del territorio, y que haga realidad ese derecho fundamental a la participación de los ciudadanos consagrado en la Constitución Política de 1991.
Sumado a los impactos de los fenómenos naturales y la pandemia, estamos viviendo los efectos del huracán social y económico como resultado de esta última, que se ha instalado en nuestro país, profundizando desigualdades, especialmente en los territorios rurales en donde la violencia arrasa con fuerza, cercena procesos colectivos y vidas de líderes y lideresas que defienden con valentía sus territorios y sus modos de vida, y se derrumban oportunidades de bienestar que, a su vez, generan retrocesos en importantes logros en materia de reducción de la pobreza alcanzados en las últimas décadas.
Ni los angustiosos llamados de los líderes sociales para quienes el Estado no encuentra una respuesta integral y pertinente; ni la sangre de más de 79 masacres que han teñido nuestro territorio en lo que va corrido del año; ni siquiera las ejemplarizantes movilizaciones como la Minga Social del Suroccidente y otros fenómenos sociales en el país, pacíficas y propositivas; ni el desafío de la reconstrucción de Providencia, logran que desde el Estado y del Gobierno se comprenda la urgente tarea de construcción de caminos de diálogo que permitan a todos los actores forjar acciones articuladas frente a los problemas que los afectan. Mecanismos de diálogo participativos, constructivos y diversos, que en muchos casos ya existen normativamente, pero se les sigue negando la posibilidad de materializarse con el espíritu con el cual fueron pensados.
En este desafiante escenario, los vientos en direcciones opuestas de los liderazgos de diversos sectores de la nación, en lugar de sumar, tienden a incrementar la polarización y se ambienta la llegada de mayores tormentas.
Retos
Ante este panorama complejo y con miras a prever y contener los peligros, resulta fundamental retomar los aprendizajes y profundizar en los resultados alcanzados en escenarios de diálogo que han permitido esa interlocución real entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.
Con énfasis en su rol preventivo, la Procuraduría General ha desarrollado desde 2018 una estrategia de diálogo mediante la cual se han generado metodologías innovadoras, que permiten no solo el encuentro entre contradictores sino la construcción conjunta de propuestas a problemas concretos que afronta el país.
Se ha estructurado así un proceso conocido como la Cumbre de Diálogo Social, que representa, en su esencia, un activo social apropiado por los líderes empresariales, sociales, políticos e institucionales y comunidades del país participantes del mismo -en los seis escenarios de diálogo de carácter nacional adelantados- y que ofrece un espacio efectivo para la transformación de diversas conflictividades. En estos tiempos borrascosos resulta más que nunca urgente y necesaria la interacción institucional y ciudadana, con liderazgos que articulen a los diferentes sectores de la sociedad y que incluyan, no que sustituyan a sus autoridades y liderazgos.
Es precisamente este reto y la tarea para la reconstrucción de Providencia y de las islas afectadas por Iota, lugar donde truena la voz de los pueblos y sus voceros para participar y, además, al ser pueblo étnicamente diferenciado, para ejercer su derecho fundamental a la consulta previa.
El diálogo es un polo a tierra, que permite interconectar la energía institucional con las estructuras sociales de nuestra nación; es por ello un instrumento indispensable para la conducción de políticas públicas que iluminen los derechos de todos los ciudadanos. Necesitamos fortalecer las redes institucionales de diálogo social, que recobren la dignidad de las comunidades y potencien sus liderazgos en procura de un sistema eficiente, que no solo reaccione ante las contingencias, sino que formule una adecuada planeación para el desarrollo individual y colectivo. El caso de las autoridades raizales que reclaman con suficiente, legal y ancestral legitimidad su lugar en los planes que se proyectan para nuestro departamento insular debería ser la primera y la constante tarea de este proceso.
Ciertamente los impactos de Iota y los ciclos climáticos ponen continuamente a prueba la capacidad organizativa y de planificación territorial del Estado y de las autoridades y comunidad raizal; tenemos cientos de comunidades agotadas por el mal dormir, asediadas por la intemperie, por la angustia del día a día para poder continuar y sobrevivir. Desde la Procuraduría General instamos al diálogo social como un ciclón participativo, en el que las oleadas de diversidad, reconocimiento y saberes ancestrales abriguen la identidad de nuestros pueblos y protejan nuestro patrimonio cultural.
La necesidad de respuestas asertivas, incluyentes y con proyección de transformación real, implica la puesta en marcha efectiva de los mecanismos de participación, acompañados de la estrategia de diálogo social en los cimientos de la institucionalidad estatal. La participación y el diálogo social fundamento del relacionamiento del Estado con la ciudadanía generarán las condiciones para la construcción inclusiva y democrática para el país. Sabemos que los huracanes se forman por la acumulación de tormentas; no podemos esperar a que se sigan sumando la ausencia de participación y diálogo, con los males sociales que están más que pronosticados.
* Procuradora Delegada para las Entidades Territoriales y el Diálogo Social