En una reciente sesión de la Comisión Nacional Descentralizada del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo reveló que, desde la firma del Acuerdo de Paz, 375 líderes sociales y excombatientes de las Farc han sido asesinados en Cauca, evidenciando un incremento significativo de violencia en la región.

La Defensoría del Pueblo denunció una alarmante escalada de violencia en el departamento de Cauca. Desde la firma del Acuerdo de Paz, 302 líderes sociales y 73 excombatientes de las Farc han sido asesinados, marcando un sombrío récord en la región. Durante 2023, se reportaron 560 hechos de violencia, incluyendo homicidios, atentados, amenazas, desplazamientos, confinamientos y reclutamientos forzados, lo que representa un aumento del 16,67% en comparación con los 480 casos registrados en 2022.

Las principales estructuras responsables de estos actos violentos son las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN. La Defensoría del Pueblo emitió 27 alertas tempranas estructurales desde 2017 hasta la fecha, destacando el riesgo constante para los derechos humanos en municipios como Piamonte, Caldono, Argelia, Caloto, Santander de Quilichao, Buenos Aires y Suárez.

"Los episodios de violencia en el Cauca han generado impactos significativos en diversos grupos poblacionales, vulnerando los derechos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas," afirmó un representante de la Defensoría. Estas comunidades, junto con los líderes sociales y excombatientes, han sido los más afectados por el conflicto armado.

En el marco de la sesión de la Comisión Nacional Descentralizada, realizada en Popayán, se hizo un llamado urgente a las autoridades nacionales y territoriales para que implementen acciones de prevención temprana, protección y garantía de no repetición. La Defensoría del Pueblo se comprometió a monitorear los compromisos adquiridos por las entidades participantes.

Además, se destacó la utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, así como la prevalencia de delitos como asesinatos, atentados y desplazamientos forzados. "Es imperativo que el gobierno proteja a la población civil, incluyendo a los excombatientes de las Farc que han renunciado a las armas e intentan reintegrarse a la sociedad," subrayó la Defensoría.

Ante este panorama, es crucial que se fortalezcan los mecanismos de respuesta y se promueva una articulación efectiva entre las entidades involucradas, con el fin de mitigar la violencia y proteger los derechos humanos de las comunidades afectadas en Cauca.