El endurecimiento de las medidas de control, con multas a las EPS e IPS que oscilan entre 200 y 8.000 salarios mínimos para personas jurídicas y entre 50 y 2.000 salarios mínimos para personas naturales, es uno de los puntos del proyecto de ley que fortalece la acción de la Superintendencia de Salud.

Según el proyecto de ley aprobado ayer en primer y tercer debates por las comisiones séptimas conjuntas del Congreso, dichas medidas de control serán impuestas cuando se afecte el derecho a la salud. Adicionalmente, se le otorga a la Superintendencia la posibilidad de quitarle el permiso de funcionamiento a las EPS temporal o permanentemente cuando se presenten incumplimientos que pongan en riesgo la vida de los pacientes.

Por otra parte, se establece la posibilidad de prohibirles a los gerentes de las EPS que trabajen en alguna entidad prestadora de salud pública o privada hasta por 15 años cuando su conducta atente contra la estabilidad del sistema.

Se trata del proyecto de ley número 198 de 2018 Senado – 252 de 2018 Cámara, “por la cual se adicionan y modifican algunos artículos de las leyes 1122 de 2007 y 1438 de 2011, y se dictan otras disposiciones”, radicado el 8 de noviembre por los congresistas Álvaro Uribe, Honorio Henríqez y Gabriel Velasco, del Centro Democrático; José Ritter López Peña y Eduardo Pulgar, de La U; Carlos Fernando Motoa y Fabián Castillo, de Cambio Radicval; José Aulo Polo, de la Alianza Verde; Nadya Blel, del Partido Conservador; Jesús Alberto Castilla, del Polo Democrático; Victoria Sandino, del partido Farc; Laura Fortich, del Partido Liberal; Aydeé Lizarazo, del partido MIRA; y Manuel Bitervo Palchucán, del movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia (AICO).

“Esperamos que este proyecto de gran importancia para la salud de los colombianos sea aprobado en los próximos días en sesión plenaria y así comencemos a implementar las medidas aquí descritas que mejorarán la prestación de los servicios de salud en el país y combatirá la corrupción presente en este sector”, aseguró el senador Henríquez, presidente de la Comisión Séptima del Senado.

La iniciativa tiene como objetivo principal robustecer las capacidades de inspección, vigilancia control que tiene la Superintendencia de Salud, como herramienta fundamental para combatir la corrupción y garantizar un eficiente y oportuno servicio de salud.

El articulado que ahora pasa a las plenarias de Senado y Cámara le entrega a la Superintendencia nuevas facultades de inspección, vigilancia y control, a través del establecimiento de "nuevos límites a los procesos de reorganización para garantizar un correcto flujo de recursos y el pago de acreencias con los otros actores del sistema, de manera que no se diluyan las responsabilidades adquiridas por la entidad solicitante, particularmente, cuando se encuentran sometidas a una medida especial".

De otro lado, se faculta a la Superintendencia para emitir instrucciones contables a sus sujetos vigilados, respecto del reconocimiento, presentación y revelación de los estados financieros, en cumplimiento de los marcos técnicos normativos de contabilidad e información financiera.

Además especializa y concentra funciones, de tal forma que, se ajusten ciertas competencias que no corresponden propiamente con el objeto y las atribuciones que desempeña la Superintendencia, como los conflictos derivados del reconocimiento y pago de las prestaciones económicas que actualmente conoce en desarrollo de la función jurisdiccional, así como los procesos de reintegro de recursos provenientes de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), haciendo más eficiente la gestión de la Superintendencia en sus actividades misionales.