Una decisión clave que cambiaría el rumbo del caso de Zeuxis Pausias Hernández Solarte, conocido como 'Jesús Santrich', tomó la Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). 

Se trata de una tutela que acogió el Tribunal de Paz presentada por la Procuraduría General para que las decisiones de la sección y de extradición sean revisadas en doble instancia.

La tutela hacía referencia al caso de Pedro Luis Zuleta Noscué, un indígena en condición de discapacidad que es requerido en extradición por los Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de drogas. 

 Zuleta Noscué, integrante de la comunidad Nasa de norte del Cauca, perteneció al Sexto Frente las Farc con el alias de ‘El Invalido’; llegó a ser jefe de finanzas de la guerrilla, y se desmovilizó con ocasión de los acuerdos de paz.

"En su fallo la Sección de Apelación le dio la razón al Ministerio Público y declaró que la Sección de Revisión no es el órgano de cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP-, en el trámite de la garantía de no extradición, y sus decisiones podrán ser revisadas en segunda instancia”, señaló el Ministerio Público.

La sentencia destacó la premura y necesidad de garantizar el derecho a la doble instancia, pues en otro sentido se podría dar una violación de lo ordenado en la Constitución colombiana. 

Cabe recordar que en este escenario también se encuentra Santrich, quien está pedido en extradición por el delito de narcotráfico. Sin embargo, hasta el momento, como no se han recogido las pruebas necesarias, no se ha tomado la decisión de si el ex guerrillero debe ser investigado por la justicia ordinaria o por la que surgió después de la firma del Acuerdo de Paz. 

Pérdida de investidura

Asimismo, este viernes se tomó otra decisión importante sobre Santrich. El Consejo de Estado rechazó la demanda de pérdida de investidura en primera instancia.

El alto tribunal aceptó los argumentos presentados por la Procuraduría General y la defensa de ‘Santrich’ frente a los motivos de fuerza mayor que se presentaron para que el excomandante guerrillero no se posesionara como representante a la Cámara el 20 de Julio de 2018.

En el debate jurídico se “declaró probada” la “situación de fuerza mayor en relación con su inasistencia a tomar posesión del cargo”.