La Fiscalía General de la Nación ha programado para el 7 de noviembre una audiencia en la que formulará una nueva imputación contra Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en el marco de una investigación que sigue revelando presuntos actos de corrupción por la adjudicación de contratos en la entidad.
Ambos exfuncionarios, quienes actualmente permanecen en una guarnición militar mientras negocian un principio de oportunidad, enfrentarán cargos adicionales relacionados con la celebración de contratos sin cumplir requisitos legales.
Según el ente acusador, los dos participaron en un esquema de contratos irregulares que incluye la compra de carrotanques a la empresa Yapurutú. Además del cargo por la falta de cumplimiento de requisitos legales, a Pinilla se le atribuirán nuevos delitos, incluyendo interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documentos.
Este proceso judicial ha adquirido mayor relevancia tras conocerse que presuntamente Pinilla, en un intento por obtener beneficios judiciales, entregó un teléfono celular iPhone 14 a las autoridades. Según su defensa, el dispositivo contiene información clave sobre otros posibles implicados en el esquema de corrupción.
En este contexto, Pinilla presentó una lista de 26 personas, entre las que figuran funcionarios, contratistas y miembros del Gobierno, cuya participación en el desfalco está siendo investigada.
La Fiscalía, bajo la dirección de la fiscal general Luz Adriana Camargo, continúa avanzando en varias líneas investigativas.
El escándalo ha salpicado a diversas figuras públicas, como Iván Name, quien enfrenta acusaciones por recibir sobornos para facilitar reformas gubernamentales en el Congreso. El exsenador negó rotundamente los señalamientos y ha interpuesto una denuncia penal contra López y Pinilla por supuesta falsedad en sus declaraciones.
Jaime Lombana, abogado de Name, sostiene que las afirmaciones de Pinilla son infundadas y que la evidencia forense del celular demuestra que el exsubdirector de la UNGRD nunca estuvo en la residencia del exsenador en Bogotá.