Hace exactamente cuatro años, el 21 de diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó su investigación sobre el conglomerado brasileño Odebrecht, detallando el entramado montado para corromper a funcionarios públicos de 13 países (Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela) y así conseguir jugosos contratos.
La compañía se anticipó el viernes a la conmemoración anunciando que a partir de ahora tiene un nuevo nombre: Novonor.
- Le puede interesar: La larga historia de candidatos presidenciales investigados en campaña
"No estamos borrando el pasado. El pasado no se borra", afirmó Mauricio Odebrecht, representante del accionista mayoritario, citado en una nota del grupo con su nuevo logo donde predomina el azul, en lugar del rojo de Odebrecht.
Finalizando la primera década de este siglo, Odebrecht creó la oficina denominada Sector de Relaciones Estratégicas para mover los hilos de la cadena de corrupción y unos 788 millones de dólares en sobornos.
1. Corrupción de alto nivel
Quienes se dedican a los crímenes relacionados con la corrupción tienen muchos modos de operar, pero lo más generalizado es la extorsión o la compra de las conciencias de mandos medios para lograr apoderarse de los recursos públicos directamente o a través de contratos.
Pero el método escogido por Odebrecht (ahora Novonor) fue echarse al bolsillo a varios de los políticos más importantes del continente para asegurarse un cabildeo efectivo.
Quizás el más significativo, por ser en ese momento un presidente en ejercicio, fue el caso del peruano Pedro Pablo Kuczynski; sin embargo, la lista de exmandatarios involucrados no es de poca monta.
Empezando en Perú, el escándalo tocó a los exjefes de Estado, Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Alan García, así como a la excongresista Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori; en Brasil el flujo de sobornos no respetó colores políticos, tocando al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva como al derechista Michel Temer; y en Colombia hay certeza en la Fiscalía y la Procuraduría sobre como Odebrecht se aprovechó de dirigentes de la campaña de Juan Manuel Santos en 2014 para hacer lobby, tras hacer indirectos aportes a la organización proselitista.
En la exclusiva lista de los vinculados con esta trama, directamente o través de colaboradores cercanos, están los exmandatarios Ricardo Martinelli, Juan Carlos Varela y Martín Torrijos (Panamá), Mauricio Funes (El Salvador), Mauricio Macri (Argentina), Rafael Correa, León Febres-Cordero, Sixto Durán-Ballén, Fabián Alarcón, Jamil Mahuad, Gustavo Noboa y Alfredo Palacio (Ecuador), Otto Pérez (Guatemala), Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto (México) y Nicolás Maduro (Venezuela).
2. Legislación más drástica
De acuerdo a los cálculos de la consultora Global Financial Integrity, América Latina pierde cada año unos 140.000 millones de dólares por corrupción, un 3% del PIB de la región.
Buscando hacer frente a esa situación, Colombia y otros países (Argentina, Brasil, Chile y México) suscribieron la Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos –estableciendo un puente entre la OCDE, otros países y organismos de la región, como la OEA con la que se firmó en 2007 un memorando de entendimiento para un marco de cooperación por las iniciativas anticorrupción–, en el contexto de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de 2003.
Sin embargo, está visto que se requieren legislaciones más drásticas, pero sobre todo voluntad política para aplicarlas.
3. Debilidad de justicia transnacional
En marzo de 2017, el entonces fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que los sistemas de cooperación internacional por los que se rige la colaboración con Brasil han perjudicado la capacidad de llevar a los responsables del caso Odebrecht ante la justicia y la oportunidad de lograr una reparación efectiva en los países afectados.
En sus críticas a los sistemas de cooperación internacional para la lucha contra los sobornos transnacionales, Martínez consideró que la ya mencionada Convención Anticohecho no es efectiva porque está diseñada bajo intereses de países industrializados que privilegian sus legislaciones sobre las de los países afectados.
4. Empresas deben ser responsables
Una de las directrices del citado convenio de la OCDE es que las empresas que entregan sobornos no puedan seguir operando ni contratando.
En mayo del año pasado, el procurador Fernando Carrillo declaró que “Odebrecht no debe volver a contratar en Colombia, esta multinacional de la corrupción debe responder y recibir del Estado una reacción acorde al daño que le ha hecho al patrimonio y la moralidad pública del país”.
Las iniciativas legislativas sobre esta materia no han prosperado. Actualmente hay proyecto sobre el tema esperando primer debate con ponencia de su autor, el representante Edward Rodríguez, del Centro Democrático, desde el 14 de septiembre. Ese trámite ya quedó para marzo en la Comisión Primera de la Cámara.
Antes, ya se hundieron sin debatirse dos propuestas presentadas en agosto de 2018: una por el expresidente Álvaro Uribe y la senadora María del Rosario Guerra, también del Centro Democrático; y otra por el procurador Carrillo y las entonces ministras Nancy Patricia Gutiérrez y Gloria María Borrero.
5. Consecuencias políticas
Como ya se mencionó el estallido del escándalo tocó a Kuczynski siendo presidente de Perú, renunciando antes de ser sometido a un voto de destitución en el Congreso, convirtiéndose en el político de más alto nivel en caer por este asunto cuando aún ocupaba su cargo.
Pero ya el entramado había empezado a sacudir la escena política brasileña al más alto nivel, tocando a Temer, quien asumió la primera magistratura tras la destitución de Dilma Rousseff, quien si bien no estaba vinculada a Odebrecht, resultó salpicada por la investigación a su antecesor Lula.
La publicación del caso coincidió con la campaña presidencial de Ecuador. Aunque el entonces presidente Correa expulsó a la compañía, los nexos de varios políticos, incluyendo expresidentes y exalcaldes de Quito y Guayaquil, terminaron por involucrarlo, por lo que en enero de este año fue llamado a juicio.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela es el país que más dinero recibió en sobornos por parte de Odebrecht (al menos 98 millones de dólares), corrupción que se ve reflejada en las numerosas obras contratadas con los brasileños entre 2006 y 2015 que fueron pagadas, pero nunca avanzaron.
En octubre de 2017 la entonces fiscal general Ortega Díaz (hoy exiliada) dio a conocer un vídeo donde Euzenando Prazeres de Azevedo, el exdirector de Odebrecht en Venezuela, declaró que el presidente Maduro había recibido 35 millones de dólares para financiar su campaña presidencial en 2013; pero además diario brasileño Valor Económico informó por esos días que Odebrecht había aportado dinero ilegalmente a la campaña del líder opositor Henrique Capriles en 2012.