Por no tener nada que ver con el conflicto armado, la Procuraduría negó la pretensión de la defensa del exsenador liberal Álvaro Ashton de remitir copias del expediente disciplinario abierto en el caso del denominado ‘cartel de la toga’ a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El pronunciamiento del Ministerio Público fue dado a conocer ayer a través de un comunicado en el que da cuenta de la formulación de pliego de cargos al excongresista por el presunto pago de una millonaria suma al parecer destinada a buscar beneficios frente a actuaciones que adelantaba en su contra la Corte Suprema de Justicia.

La Procuraduría recordó que ante la JEP conceptuó negativamente la propuesta presentada por el exsenador para que la justicia transicional conociera el proceso penal que por esta misma causa le adelanta la Corte.

“Mal haría en conocer esta jurisdicción de paz casos que involucran a altos dignatarios del Estado como son el exsenador y magistrados de la Corte Suprema de Justicia en los cuáles se negociaban fallos acomodados desconociendo la justicia, sin ningún tipo de relación con el objeto buscado en el Acuerdo de Paz, y menos aún con el conflicto interno, que van en desmedro de la institucionalidad”, precisó la Procuraduría al anunciar el pliego de cargos.

En cuanto al proceso disciplinario, el órgano de control reprochó al excongresista presuntamente ofrecer a través del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte y posteriormente dar por intermedio del exdirector de la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, Luis Gustavo Moreno, aproximadamente $600 millones con el fin de que se dilatara el trámite del proceso por “parapolítica” N°39768 y se emitiera una decisión a su favor, recursos que al parecer iban dirigidos a los magistrados Gustavo Enrique Malo y José Leonidas Bustos.

De acuerdo con la investigación disciplinaria, Ashton pudo cometer el delito de cohecho por dar u ofrecer en razón del cargo, toda vez que, ostentando la dignidad de senador de la República, entregó una alta suma de dinero para obtener beneficios judiciales.

La Procuraduría calificó provisionalmente la supuesta falta del disciplinado como gravísima cometida a título de dolo.

Según datos de la Fiscalía, a Ashton la Corte le adelanta varias investigaciones, una de ellas por presuntos nexos con el paramilitar Bloque Norte en Atlántico. La indagación preliminar por este caso inició el 10 de octubre de 2012, y el defensor para esa época era el abogado Luis Ignacio Lyons. En 2013, el proceso quedó en manos del magistrado Malo y su auxiliar, el doctor José Reyes.

Para la Fiscalía, Ashton se habría comunicado directamente con Ricaurte. Juntos se reunieron días después en el Consejo Superior de la Judicatura, el Capitolio Nacional y en su apartamento, con el único propósito de impedir que fuera abierta oficialmente la investigación y evitar una inminente captura. Para lograr esa intermediación presuntamente acordaron el pago de $1.200 millones.

El año pasado, el fiscal Néstor Humberto Martínez sostuvo que, “como consecuencia, cambiaron la estrategia y decidieron dilatar en el tiempo la investigación y con ello evitar la apertura formal de un proceso penal contra el congresista”.

Ricaurte habría instruido a Moreno sobre el valor que debía cobrarse y la manera de repartir la cifra. Al parecer, recibió aproximadamente $400 millones, el resto del dinero supuestamente quedó con Bustos, Lyons, Malo y el propio Moreno.