El fiscal Víctor Salcedo, recién designado para liderar la investigación por presunta manipulación de testigos y fraude procesal en el caso Álvaro Uribe, se declara impedido, debido a conflicto de intereses por expresiones públicas a través de una columna de opinión que hizo años atrás sobre el caso.

La Fiscalía General de la Nación se enfrenta ahora a la tarea de designar un nuevo fiscal para el caso, generando preocupación sobre la continuidad y estabilidad del proceso. La transparencia y eficiencia del sistema judicial están en entredicho.

Salcedo, quien asumió el caso tras la renuncia de su predecesor el fiscal 10 Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por razones de salud, también enfrenta críticas relacionadas con reuniones pasadas con miembros del Pacto Histórico. Estas conexiones políticas plantean interrogantes sobre su imparcialidad y la objetividad en la conducción del caso.

La declaración de impedimento prolonga aún más la resolución del caso, ya que el nuevo fiscal designado tendrá un plazo de 90 días para definir si llama a juicio a Álvaro Uribe. Este retraso plantea desafíos adicionales para la justicia y la percepción pública del sistema legal.

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Además del caso Uribe, Salcedo se encontraba investigando a la exalcaldesa Claudia López y formuló cargos contra el fiscal delegado Daniel Hernández por presiones a testigos en el caso Odebrecht. Estos elementos añaden complejidad al escenario legal y político en el que se desarrolla el caso.

La Fiscalía anticipa que la próxima semana se revelará quién será el nuevo investigador a cargo del proceso. La atención se centra ahora en cómo esta nueva designación afectará la marcha del caso y qué implicaciones podría tener en el panorama político colombiano.